Domingo 27 de mayo de 2018 / Resistencia

GUATEmala. el niño Marco Antonio sigue Desaparecido...pero...

Quetzaltenango: secuestro, desaparición forzada, violación..

sentencia 37 años después condena a militares.

Marco Antonio Molina Theissen tenía 14 años de edad, cuando un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza a su residencia, en la colonia La Florida de la zona 19, y se llevó sin decir a dónde y sin decir por qué. Ocurrió al mediodía del 6 de octubre de 1981. Desde entonces, su madre, Emma Theissen de Molina, y sus hermanas Ana Lucrecia y Emma Guadalupe, no han detenido un solo momento su búsqueda. Aún no lo encuentran. Aún no saben qué hicieron con él los hombres armados que se lo llevaron, y tampoco conocen los nombres de sus verdugos físicos, pero sí el de quienes dieron las órdenes de desaparecerlo; saben que lo hicieron en venganza porque Emma Guadalupe huyó de la Zona Militar en la que la mantuvieron detenida ilegalmente, donde la torturaron y violaron.

https://www.jornada.com.mx/2018/05/24/mundo/024n1mun

Uno de los militares condenados es ... Benedicto Lucas

quien es hermano de Romeo Lucas (1978-1982), dictador militar que ordenó el asalto y quema con fosforo blanco de la embajada española en 1980 (operativo del que se salvó unicamente el embajador Máximo Cajal https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/15914/muerto-maximo-cajal.html , y hechos por lo que solamente fue condenado en 2015 el teniente coronel Pedro García Arredondo a "90 años de prisión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero 1980".)

Benedicto Lucas, (que era jefe de estado mayor del ejercito guatemalteco durante el asalto a la embajada de España), fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz. http://nisgua.org/wp-content/uploads/2016/06/R88_Junio16_CREOMPAZEspanol.pdf

Su hermano Romeo fue derrocado a su vez por un golpe de Estado que llevó al poder al dictador Efraín Ríos Montt. (que había sido condenado en 2013 por el genocido maya a 80 años, pero esa sentencia fue anulada de inmediato, falleciendo hace pocas semanas en la total impunidad).

El genocidio contra el pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas, después de que el Ejército guatemalteco arrasara las aldeas de la población maya y llevara a cabo un plan sistemático de torturas y asesinatos.

La Audiencia Nacional española cursa una causa por el genocidio maya desde el año 1999, en contradiciciones con la llamada jurisdicción universal (cercenada en el año 2009 fruto del acuerdo de los dos principales partidos políticos, PSOE y PP y eliminada por el PP en 2014 "salvo para casos de españoles"), que el juez Santiago Pedraz se ha negado a archivar alegando que la Audiencia Nacional tiene "jurisdicción" para investigar estos hechos porque se trata de "delitos de terrorismo" que además serían "conexos" a otros de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, crímenes de género y detenciones ilegales.

En julio de 2011 el juez admitió una ampliación de la querella inicial para investigar también crímenes de género contra mujeres como violaciones, esterilizaciones forzadas y la esclavitud sexual. A partir de los testimonios de expertas internacionales en violencia de género, se cree que entre 1960 y 1996 los agentes del Estado guatemalteco pudieron cometer al menos 1.465 violaciones, el 35% de ellas a mujeres de menos de 17 años. Se amplió también la querella para el caso del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, que se produjo el 31 de enero de 1980, en la que también fueron asesinados los españoles Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa, mientras que el propio embajador Cajal sufrió heridas de consideración. Y la investigación también se amplía a la muerte de otros cuatro sacerdotes españoles, asesinados por el Ejército guatemalteco en los años 1980 y 1981.