Lunes 8 de mayo de 2017 / Derechos

Regiones Indias Mayo 7, 2017

AIPIN / Comisión de Asuntos Indígenas

Índice:
SUIZA: Décima sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

SUIZA: Los conocimientos tradicionales y las dificultades que afrontan los legisladores internacionales. Dra. Marisella Ouma.
Consultora de propiedad intelectual (Kenya) / Revista OMPI

SONORA: Protege tribunal territorio yaqui contra gasoducto
Nainari

ESTADOS UNIDOS: Sonidos de reivindicación
Noticias ONU

ESTADOS UNIDOS: La Declaración de las Naciones Unidas promueve la deconstrucción de los estados-nación en América Latina
IWGIA

ESTADOS UNIDOS: Mundo Indígena: 30 años documentando los derechos de los pueblos indígenas
IWGIA

ESPAÑA: Organizaciones de mujeres indígenas denuncian ante la ONU las esterilizaciones forzosas de Perú

María R. Sahuquillo / El País

ECUADOR: ALAI: una caminata de 40 años
ALAI

BRASIL: Rectores de la Amazonía se solidarizan con la lucha de los pueblos indígenas
Fernando Michelotti

VENEZUELA: Pocaterra: Constituyente afianzará lucha de los pueblos indígenas
AVN

ARGENTINA: Radios rurales ante el dilema de los recursos
Momarandu

PERU: Cine Foro. La Vida en mi comunidad

OAXACA: En Juchitán, fiesta de hermandad aleja a los niños de la violencia
Diana Manzo / La Jornada

MEXICO: Nuevo amparo del pueblo Me’phaa contra mineras
Fernando Camacho Servín / La Jornada

MEXICO: Destaca Unicef vulnerabilidad de niños migrantes e indígenas
Laura Poy Solano / La Jornada

CAMPECHE: Sin atender denuncia por siembra de soya transgénica
Hubert Carrera Palí / La Jornada Maya

MEXICO: Diálogo sobre derechos políticos y jurídicos de los pueblos indígenas en el INAH
Columba Vértiz De La Fuente / Proceso

MEXICO: Angélica Aragón quiere ser una voz para los pueblos indígenas
El Universal, Noroeste

SUIZA: Décima sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La décima sesión del Mecanismo de Expertos tendrá lugar del 10 al 14 de julio de 2017 en la Sala XX del Palacio de Naciones en Ginebra, Suiza

Programa Provisional

El programa provisional de la décima sesión incluirá los siguientes temas:

  • Mesa redonda sobre defensores de derechos humanos indígenas.
  • Estudio y opinión sobre las buenas prácticas y las dificultades, incluída la discriminación, observadas en el ámbito empresarial y en e el acceso a los servicios financieros para los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas y las personas indígenas con discapacidad.
  • Diálogo interactivo con instituciones nacionales de derechos humanos y mecanismos similares.
  • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Seguimiento de estudios y opiniones temáticas.
    Acreditación

Según el párrafo 9 de la resolución 6/36 y el párrafo 13 de la resolución 33/25 del Consejo de Derechos Humanos, la reunión anual del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas está abierta a la participación de observadores mediante un procedimiento de acreditación abierto y transparente, de conformidad con el reglamento del Consejo de Derechos Humanos.
La acreditación está abierta a:

  • Representantes de organizaciones de pueblos indígenas;
  • Representantes de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social;
  • Representantes de organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social cuyo trabajo guarde relación con los derechos de los pueblos indígenas;
  • Académicos y expertos en cuestiones indígenas;
  • Instituciones nacionales de derechos humanos.
    La acreditación para la décima sesión se llevará a cabo a través de Indico, la nueva plataforma de registro en línea de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que permitirá tiempos de procesamiento más rápidos en el mostrador de seguridad de la Puerta de Pregny.

La acreditación está abierta. Por favor, segur las instrucciones que aparecen abajo:
1. Haga clic aquí para acceder a la página de registro de la 10ª sesión de EMRIP

2. Haga clic en ’Registrarse ahora’

3. Cree su cuenta en INDICO

4. Inicie sesión en el sistema con su nombre de usuario (dirección de correo electrónico) y contraseña y rellene el formulario de registro.

Tenga en cuenta que cada participante tendrá que registrarse. Para preguntas sobre acreditación, por favor contacte a expertmechanism@ohchr.org.
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http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Session10.aspx

SUIZA: Los conocimientos tradicionales y las dificultades que afrontan los legisladores internacionales. Dra. Marisella Ouma.

Consultora de propiedad intelectual (Kenya) / Revista OMPI

Febrero de 2017. Este artículo se basa en el discurso de apertura que la Dra. Ouma pronunció en el Seminario sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales de la OMPI en Ginebra (Suiza) en noviembre de 2016.

Revista OMPI

Las comunidades locales e indígenas llevan siglos utilizando los conocimientos tradicionales. Son conocimientos que lo abarcan todo: desde la agricultura, la ganadería y el almacenamiento de comida hasta la construcción, la medicina y la preservación de los recursos biológicos y el medio ambiente. El derecho consuetudinario y los tabúes culturales de estas comunidades han servido durante mucho tiempo para preservar estos conocimientos y reglamentar su uso, pero el creciente uso comercial de estos recursos más allá del contexto tradicional los está haciendo cada vez más vulnerables frente al uso y la apropiación indebidos por terceras personas. Esta es la razón por la que muchos titulares de conocimientos tradicionales y muchos encargados de la formulación de políticas internacionales están haciendo un llamamiento para que se elaboren nuevas políticas y leyes en este ámbito.

El árbol del nim tiene varios usos terapéuticos. Su aceite es un insecticida eficaz y seguro y un repelente antiinsectos natural. También tiene muchos usos medicinales y se utiliza en diversos productos de cuidado personal (Foto: iStock.com/thatreec).

Algunos países, como Costa Rica, Kenya, el Perú y Zambia, ya tienen leyes que protegen estos conocimientos. Otros se han centrado en proteger los recursos genéticos. Y algunos han cerrado filas a nivel regional para proteger los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, 19 estados Miembros de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) adoptaron en 2010 el Protocolo de Swakopmund sobre la Protección de los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones del Folclore. Aunque estos acontecimientos son un paso importante en la dirección correcta, una protección así de fragmentada no ofrece a los custodios de los conocimientos tradicionales el nivel adecuado de protección en el mundo globalizado de hoy en día.

Por qué es necesaria la protección internacional

Las legislaciones nacionales y regionales que protegen los conocimientos tradicionales únicamente lo hacen de forma limitada. Por ejemplo, solo tienen efecto jurídico en el país o países en las que se promulgan. Una forma de ampliar la protección que confieren es establecer acuerdos bilaterales o plurilaterales entre los países que comparten el interés de proteger los conocimientos tradicionales y tienen legislaciones similares. Lo cierto es que son pocos los países en los que se aplican estas leyes, por lo que es tan importante que haya un régimen internacional en el que se establezcan unos niveles mínimos de protección y que los países lo ratifiquen y lo apliquen a nivel nacional. Solo entonces será posible ampliar la protección más allá de las fronteras para, por ejemplo, promover la reciprocidad en el tratamiento de los conocimientos tradicionales.

Las legislaciones nacionales y regionales tienen en común varios objetivos. Definen la materia que debe protegerse, los beneficiarios y el modo en que se ofrecerá la protección. Su objetivo suele ser: a) que el control sobre los conocimientos tradicionales resida en las comunidades locales o indígenas, b) preservarse y protegerse ante usos y apropiaciones indebidos de terceros y c) promover una participación equitativa en los beneficios. La protección suele ir más allá de los aspectos de la propiedad intelectual relativos a los conocimientos tradicionales (por ejemplo, los criterios de admisibilidad para adquirir derechos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales) y engloba todo lo relativo a su uso en el contexto tradicional.

Incorporar estos objetivos comunes de política en un acuerdo internacional permitiría ofrecer una respuesta más adecuada al uso no autorizado de los conocimientos tradicionales, o a la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre estos conocimientos por terceros sin derecho a ello. Como mínimo, un acuerdo internacional aplicado a nivel nacional permitiría a los custodios de los conocimientos tradicionales controlar y gestionar su uso y recibir compensaciones adecuadas.

Negociaciones internacionales

En diversos foros internacionales se están debatiendo acuerdos para preservar, promover y proteger los conocimientos tradicionales a nivel internacional. En el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI se negocian desde 2011 diversas formas de proteger la propiedad intelectual (el Comité inició su labor en 2001 pero las negociaciones comenzaron oficialmente en 2010). Aunque la OMPI administra muchos tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, en ninguno de ellos se trata el tema de los conocimientos tradicionales (si bien algunos sí que ofrecen protección en los ámbitos análogos de las expresiones culturales tradicionales y su interpretación y ejecución en público).

No es fácil establecer un régimen internacional de protección intelectual para preservar los conocimientos tradicionales. En muchos casos, estos conocimientos, incluidos los conocimientos sagrados y secretos, no se ajustan muy bien al sistema establecido de propiedad intelectual. Por ejemplo, en los conocimientos tradicionales se valora más la práctica establecida que la originalidad, y se apoya la transmisión intergeneracional del conocimiento y la protección indefinida. Además, la comunidad los considera como un todo y su uso está reglamentado por el Derecho consuetudinario, que puede estar o no codificado. Como es difícil hacer converger los derechos de propiedad intelectual ya establecidos y los sistemas de conocimientos tradicionales, las negociaciones internacionales de la OMPI se centran en elaborar un sistema personalizado o sui géneris de protección de estos conocimientos.

Lecciones del pasado

La historia de la legislación internacional de propiedad intelectual ofrece algunos ejemplos útiles e importantes para los encargados de la formulación de políticas que participan en estas negociaciones. Por ejemplo, vemos que los cambios económicos y tecnológicos pueden conducir fácilmente a la elaboración de nueva legislación internacional. En efecto, la primera ley internacional en materia de protección intelectual, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, fue en su mayor parte una respuesta a la expansión del comercio transfronterizo de finales del siglo XIX. En pleno auge de la revolución industrial las empresas intentaban cada vez más comercializar sus mercancías en otros países. Esto creó la necesidad de proteger sus intereses cuando operaban en mercados extranjeros. Como respuesta a ello se creó el principio de trato nacional en el Convenio de París (artículo 2.1)) y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 (artículo 5.1)). Desde entonces los principios de reciprocidad, reconocimiento mutuo y nación más favorecida también se han incorporado a la legislación internacional, por ejemplo en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (artículo 4).

Con todo, el trato nacional es poco probable que ayude a proteger los conocimientos tradicionales ya que este principio solo se aplica donde existen esas leyes nacionales. Eso significa que los conocimientos tradicionales de una comunidad indígena del Perú serán protegidos en Kenya, y viceversa, porque estos países tienen leyes que rigen la protección de estos conocimientos. Ahora bien, en países que no tienen esta legislación no podrán protegerse esos conocimientos.

Muchas normas internacionales suelen recurrir a disposiciones de la legislación nacional vigente. En el Convenio de París, por ejemplo, se intentaron armonizar las legislaciones nacionales de patentes, lo que dio como resultado una protección inadecuada para inventores que trabajaban en el extranjero. De modo similar, el Convenio de Berna se apoyó en la legislación nacional en materia de derechos de autor para establecer las normas mínimas internacionales de protección en este ámbito. El problema es que cuando se intentan proteger los conocimientos tradicionales, la escasez de países que han promulgado legislación nacional en esta materia hace que sea más difícil elaborar un marco internacional apoyándose en ella. Para establecer un régimen internacional deben definirse cuidadosamente los objetivos de política internacional, en particular en lo relativo a la materia objeto de la protección y a los beneficiarios. Otro paso importante es determinar con claridad los puntos de convergencia existentes en las legislaciones nacionales.

Sobre el consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios

De acuerdo con el principio del consentimiento fundamentado previo, los titulares de conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales o recursos genéticos deberán ser consultados debidamente antes de que terceras partes accedan a estos conocimientos o los utilicen. A continuación, será necesario alcanzar un acuerdo apropiado y que los titulares estén plenamente informados de las consecuencias del uso previsto. El ámbito de utilización acordado deberá figurar en contratos, licencias o acuerdos, en que se establecerá también el modo en que se repartirán los beneficios de la explotación.

En las negociaciones que se celebran en la OMPI muchos defienden que para utilizar el material objeto de protección debe haber un consentimiento fundamentado previo, en particular respecto del material sagrado o secreto. Por el contrario, otros temen que la concesión de un control exclusivo sobre las culturas tradicionales frene la innovación, empobrezca el dominio público y sea difícil de llevar a la práctica.

La idea del equilibrio entre los intereses de cada una de las partes es un objetivo común a muchos sistemas jurídicos. En la legislación de propiedad intelectual esto se suele expresar como el equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y los del público en general. Según este principio, los titulares de conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales o recursos genéticos participan equitativamente en los beneficios generados de su uso. Esto puede efectuarse mediante un pago compensatorio u otro beneficio no monetario. Véase: Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales: Perspectiva general.

Una de las ventajas fundamentales de establecer un marco jurídico internacional es, por supuesto, que estos acuerdos ofrecen unas normas mínimas de protección aceptables y crean por lo tanto una mayor certidumbre jurídica al ofrecer cierto grado de armonización entre las legislaciones nacionales. Esto facilita a los titulares de derechos, incluidos los custodios de conocimientos tradicionales, la gestión y el comercio de sus activos de propiedad intelectual.

La historia también pone de manifiesto que la legislación internacional de propiedad intelectual ha pasado de las directrices generales de política a las disposiciones importantes y detalladas sobre la admisibilidad, los criterios y la materia objeto de protección, el alcance de los derechos, las excepciones y limitaciones y, más recientemente, la observancia y otras disposiciones administrativas. Ahora bien, en los tratados internacionales no debería dictarse el modo en que deben aplicarse esos instrumentos. Siempre que haya vigentes unas normas mínimas, cada Estado miembro deberá tener la flexibilidad necesaria para decidir cómo aplicar las disposiciones del tratado. El objetivo principal debería ser alcanzar los objetivos enunciados.

La población San del desierto del Kalahari lleva generaciones enteras
utilizando la Hoodia gordonii, conocida como sombrero de bosquimano, como supresor del apetito. Apoyándose en este conocimiento tradicional (sin el consentimiento previo de la población San), los investigadores del Consejo Sudafricano de Investigaciones
Científicas e Industriales (CSIR) comenzaron a fabricar un fármaco antiobesidad que tenían previsto comercializar. Esto desencadenó una batalla jurídica que dio lugar a una participación histórica en los beneficios que ha favorecido el desarrollo económico de la
comunidad San (Foto: iStock.com/Sproetniek).

Qué debe hacer un régimen internacional

Los conocimientos tradicionales se encuentran cada vez más en peligro porque aumenta la apropiación y el uso por terceros que intentan adquirir derechos de propiedad intelectual sobre esos conocimientos. Algunos ejemplos serían los conocimientos tradicionales asociados al nim, la cúrcuma y la hoodia. En los tres casos, los conocimientos de las comunidades indígenas y locales fueron determinantes en el uso farmacéutico de esas plantas, si bien en un primer momento no se reconoció ni se compensó su contribución.

En este contexto, algunos de los objetivos de política internacional podrían ser: la preservación de los conocimientos tradicionales, el control de su uso comercial, las salvaguardias frente a reivindicaciones de terceros en materia de propiedad intelectual relativas a esos conocimientos, el acceso y participación en los beneficios, la remuneración equitativa, la facilitación de la innovación mediante conocimientos tradicionales y las disposiciones sobre el consentimiento fundamentado previo.

Las ventajas de un sistema de protección sui géneris

Un sistema de protección sui géneris, basado en la adaptación de los principios de propiedad intelectual, permitiría acomodar las peculiaridades de los sistemas de conocimientos tradicionales y velar por que los custodios de esos conocimientos los gestionen y los exploten conforme a su práctica consuetudinaria.

Ofrecería además una protección para que un tercero no pudiese adquirir derechos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales. La India, por ejemplo, ha creado una base de datos de conocimientos tradicionales (TKDL) que ha reducido considerablemente el número de patentes erróneas obtenidas a partir de conocimientos tradicionales.

Un sistema sui géneris también protegería los conocimientos tradicionales y empoderaría a las comunidades para promover sus conocimientos, controlar su uso y beneficiarse de cualquier explotación comercial. El Protocolo de Swakopmund (ARIPO) y algunas leyes nacionales ofrecen una protección de ese tipo, pero su alcance está limitado a los países en las que se aplican.

Para elaborar un sistema sui géneris, los encargados de la formulación de políticas pueden apoyarse en los marcos jurídicos vigentes. Por ejemplo, en el artículo 8.j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se establece que las Partes signatarias, sujetas a su legislación nacional, ’respeten, preserven y mantengan el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales e indígenas que representen estilos de vida tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica’. En el Convenio también se aborda la cuestión del acceso y la participación en los beneficios.

De modo similar, en el Protocolo de Nagoya relativo al CDB sobre el acceso y la participación en los beneficios se trata la cuestión de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y asuntos como el consentimiento fundamentado previo, la remuneración equitativa y el mantenimiento de la legislación y los procedimientos de la comunidad, y el intercambio y el uso consuetudinarios.

A finales de los 90 y principios de la primera década del 2000, el Gobierno indio ganó varias batallas jurídicas que marcaron un hito en la historia y por las que se derogaron patentes relativas a los conocimientos tradicionales del país, por ejemplo en relación con el uso de la cúrcuma (por sus propiedades antisépticas) y del nim (por sus propiedades de pesticida). Fue entonces cuando la India creó la biblioteca digital de conocimientos tradicionales en la que están catalogados todos sus conocimientos tradicionales con miras a ser protegidos frente a apropiaciones indebidas (Foto: iStock.com/pinkomelet).

Igualmente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 31) se establecen los derechos de estos pueblos a ’mantener, controlar, proteger y desarrollar’, entre otras cosas, sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos, y su propiedad intelectual sobre esos conocimientos. Estas disposiciones constituyen una base sólida sobre la que elaborar un sistema efectivo de protección. Los encargados de la formulación de políticas tienen que estudiar la naturaleza y la diversidad de los sistemas vigentes de conocimientos tradicionales para elaborar un marco internacional. Para que el marco sea pertinente y efectivo también deberá tenerse en cuenta la naturaleza transfronteriza de los conocimientos tradicionales, compartidos a menudo por comunidades de distintos países.

Algunas opciones

Los encargados de la formulación de políticas tienen diversas opciones para establecer un régimen internacional efectivo con el que proteger los conocimientos tradicionales. La protección internacional puede presentarse de varias formas. Por ejemplo, un acuerdo internacional de obligado cumplimiento (todos los países signatarios estarán sujetos a sus disposiciones) que se base en las leyes y objetivos de política que comparten los países y las regiones. Es importante subrayar que un instrumento “vinculante” lo es únicamente en aquellos países que deciden ratificarlo y aplicarlo.

Otra opción sería elaborar una recomendación conjunta no vinculante. Estos instrumentos de Derecho indicativo ofrecen directrices para aplicar la legislación internacional vigente. Por ejemplo, la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas tiene por objeto armonizar y simplificar los requisitos formales de registro de licencias de marcas comerciales en el marco del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1997. Con todo, una recomendación conjunta es poco probable que ayude a proteger los conocimientos tradicionales, en primer lugar porque no es vinculante, y en segundo porque se necesita que haya un marco jurídico internacional en vigor. Por otro lado, muchos más países podrían verse tentados a adherirse a un instrumento no vinculante y, con el tiempo, este podría influir considerablemente en la práctica, como se ha visto con las recomendaciones de marcas. También podría abrir el camino a un marco ’vinculante’ en el futuro.

Una tercera opción podría ser reunir los principios básicos incluidos en los tratados internacionales vigentes en materia de conocimientos tradicionales, como el CDB y el Protocolo de Nagoya. El problema de esta opción es que estos acuerdos solo abordan ciertos aspectos de los conocimientos tradicionales (por ejemplo, los relativos a la biodiversidad y los recursos genéticos) y dejan de lado otros: no abarcan todos los aspectos de la propiedad intelectual.

El resultado ideal de las negociaciones que se están celebrando actualmente a nivel internacional sería un tratado internacional jurídicamente vinculante con cláusulas claras y sustantivas apoyadas por unos objetivos de política bien definidos (un tratado basado en la legislación vigente que dejase espacio suficiente a los países para actuar con flexibilidad y en el que se tratasen las características y la diversidad de los sistemas de conocimientos tradicionales). Un tratado así ofrecería una protección transfronteriza, serviría para armonizar la legislación de los diferentes países y promovería la cooperación internacional. Como los instrumentos jurídicos son vinculantes únicamente para los países que los ratifican, sería necesario que el acuerdo fuese suficientemente equilibrado y razonable para conseguir que todos los países lo firmasen.

Aunque es difícil alcanzar un acuerdo equilibrado a nivel internacional sobre asuntos complejos, la historia nos muestra que es posible y que puede ser ventajoso. Un acuerdo internacional de protección de los conocimientos tradicionales permitiría a las comunidades locales e indígenas controlar, gestionar, preservar y utilizar estos valiosos conocimientos. También abriría la puerta a una mina de conocimientos (en la actualidad únicamente en manos de esas comunidades) para la innovación y el desarrollo. Establecer un marco internacional de propiedad intelectual equilibrado, sólido y flexible para proteger los conocimientos tradicionales sería beneficioso para todos.

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/01/article_0003.html

SONORA: Protege tribunal territorio yaqui contra gasoducto

En las 485 mil hectáreas de la Tribu esta obra no debió ejecutarse

Nainari

Ciudad Obregón. No tan sólo en la jurisdicción de Loma de Bácum sino en todo el territorio colectivo de la Tribu Yaqui debió suspenderse la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro, resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

El doctor Rodrigo González Enríquez, asesor técnico de la etnia, declaró que el recurso de queja 154/2016 es una muestra de que batalla con batalla la guerra yaqui siempre se gana y por lo tanto en ninguna de las 485 mil hectáreas del territorio indígena esta obra debió ejecutarse.

En el numeral 34, el Colegiado sostuvo en su resolución, en base a un dictamen del 6 de abril de 2016 de la Juez Séptima de Distrito, que ’la suspensión para que no se ejecute ningún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro... no la limitó a alguna parte específica del territorio Yaqui, sino que incluyó todo el territorio colectivo de la Tribu Yaqui, que pertenece, entre otros pueblos, al denominado Bácum o Loma de Bácum; de ahí que la indicada suspensión de plano fue otorgada para que la ejecución de tales obras no se llevara a cabo en cualquier parte del territorio colectivo Yaqui”.

Y en el numeral 35, dispuso:

’... al señalarse que la suspensión concedida es para que no se ejecute cualquier tipo de obra o infraestructura del proyecto gasoducto mencionado, en el territorio colectivo perteneciente al pueblo quejoso, revela que es en todo el territorio colectivo de la Tribu Yaqui, al que pertenece dicho pueblo denominado Bácum o Loma de Bácum’.

Y aunque el licenciado Carlos Fernando Encinas, representante legal de Gasoducto de Agua Prieta, fue notificado el 24 de abril pasado sobre este acuerdo, la empresa aún no ha dado respuesta, expuso. La decisión del Tribunal Colegiado se basa en el juicio de amparo 312/2016 promovido por Faustino Maldonado Molina, Francisco Álvarez Bacasegua, Abraham Cruz Álvarez, Carmelo Castillo Millanes y Martín Valencia Cruz, en su momento con personalidad jurídica como autoridades tradicionales de Loma de Bácum. Las autoridades de Sonora y Cajeme le han apostado en todo momento a que el gasoducto sea un “hecho consumado”, por lo que han apoyado abiertamente a la constructora para que viole la suspensión de la Juez y siga con las acciones. Recientemente, miembros de Loma de Bácum hicieron desistir a trabajadores de la empresa de seguir con los trabajos, a pesar de que ya sabían de la orden de suspenderlos, pero entraron en desacato y siempre estuvieron apoyados por policías del gobierno de Sonora.

ESTADOS UNIDOS: Sonidos de reivindicación

Noticias ONU

Año 1984. Dos músicos aymara, Hugo Gutiérrez y Rodolfo Choque fundan el grupo K’ala Marka.

Era una época peligrosa para los artistas bolivianos y aún más para los indígenas. Se los consideraba guerrilleros. Sus temas musicales hablaban, entonces, de la realidad de un pueblo oprimido y discriminado. La sucesión de dictaduras militares fue un obstáculo para echar raíces en Bolivia y fueron a Francia que los acogió con brazos abiertos. En Europa K’ala Marka se afianzó y su música se extendió al mundo entero.

El grupo ofreció un concierto en la sede de la ONU, como parte de las actividades por el décimo aniversario de la Declaración de los Pueblos Indígenas y la celebración del Foro Permanente de la ONU sobre esas Cuestiones. “La música es un arma fundamental de unión en las sociedades”

Hoy, sus temas siguen valorando la identidad de los pueblos indígenas y exaltando el amor por la naturaleza.

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/05/sonidos-de-reivindicacion/#.WQ3pL6OI6po

ESTADOS UNIDOS: La Declaración de las Naciones Unidas promueve la deconstrucción de los estados-nación en América Latina

IWGIA

En el año del décimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) le preguntamos a José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano de Chile, sobre su impacto en América Latina. Los invitamos a leer su análisis y recomendaciones para su uso estratégico.

IWGIA: ¿Cuáles han sido los mayores avances que la Declaración ha propiciado en América Latina?

José Aylwin: El impacto de la Declaración se ha manifestado de diversas maneras. Sus disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas referidas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional, han influenciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos. De la misma manera la Declaración ha incidido de manera determinante en la jurisprudencia de esta Corte referida al derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado frente a planes de desarrollo que afecten sus tierras, territorios y recursos (Saramaka vs. Surinam (2007); Sarayaku vs Ecuador, 2012). Igualmente ha incidido en el reconocimiento constitucional de los derechos que esta establece en las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). En este último caso se ha reconocido el derecho que estos pueblos tienen a la libre determinación. También ha sido invocada en fallos de tribunales domésticos en diversos estados de la región. Aunque el rezago en la política pública sigue siendo muy grave, la Declaración ha incidido en las políticas de demarcación y titulación de tierras indígenas.

IWGIA: ¿Recuerdas cuál fue tu reacción personal cuando 10 años atrás se aprobaba en la ONU la Declaración?

José Aylwin: Al igual que en el caso de muchos representantes de pueblos indígenas en la región que se involucraron en el proceso de su aprobación, mi reacción fue de mucha satisfacción. Fueron muchos años los dedicados por organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo, incluyendo América Latina, para sacar la Declaración. Ello desde la creación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas a comienzos de la década de los 80. Fue una demostración de la efectividad de la actoría indígena en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos que les es aplicable.

IWGIA: ¿Qué significa la Declaración para el futuro de los pueblos indígenas en América Latina?

José Aylwin: La Declaración debería orientar la relación entre los pueblos indígenas y los estados de la región a futuro. Ella debe orientar la deconstrucción del llamado “Estado-Nación”, para dar paso a nuevos estados plurinacionales, que, más allá de la retórica, permitan nuevas formas de relacionamiento. Ello en particular en el plano político, a través de mecanismos que permitan ejercer la libre determinación indígena, y de participación en el Estado cuando así los pueblos indígenas lo decidan. También en materia cultural, de sistemas de justicia propios, de definición de prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿En tu opinión cuáles son los casos judiciales más representativos que sirven como guía y precedente en relación a la Declaración?

José Aylwin: Además de los casos antes referidos que han sido resueltos por la Corte IDH acogiendo disposiciones de la Declaración, también podemos referir a la jurisprudencia domestica de los Estados. De especial importancia en este sentido es la jurisprudencia constitucional de Colombia relativa a consulta de proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de ese país dispuso que, tratándose de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto en los territorios indígenas, el Estado no debe solo consultar sino también obtener su consentimiento previo, libre e informado (Corte Constitucional, Sentencia T-769/09 recaída en el caso Álvaro Bailarín y otros.) Más recientemente, una sentencia de la misma Corte Constitucional ha reafirmado esta jurisprudencia al ordenar realizar en forma debida la consulta buscando obtener el consentimiento previo, libre e informado en torno a tres proyectos que afectaban al pueblo indígena embera katío: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera. La sentencia ordenó también detener la ejecución de tales proyectos en tanto no se realicen las consultas correspondientes a los pueblos indígenas afectados. (Corte Constitucional Colombia, Sentencia número T-129, de 3 de marzo del 2011).

IWGIA: ¿Cuáles son los desafíos presentes para cerrar las brechas de implementación en América Latina?

José Aylwin: Uno de los ámbitos más críticos para la plena vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Declaración es el referido a la imposición a los pueblos indígenas por parte de los Estados de su visión y planes de desarrollo, los que se imponen sobre los planes de vida de los pueblos indígenas, generando conflictividad y protesta. Se trata de planes generalmente basados en la explotación de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de ocupación tradicional indígena y que afectan gravemente sus formas de vida y costumbres. La principal brecha de implementación en la región es la referida a la protección de los territorios indígenas de esta actividad extractiva, así como de su derecho a definir prioridades en materia de desarrollo.

IWGIA: ¿Cuáles son tus recomendaciones a las comunidades locales, abogados y defensores de los derechos de los pueblos indígenas para el uso estratégico de la Declaración a nivel local?

José Aylwin: Mi principal recomendación es en primer término la difusión y la enseñanza de sus contenidos fundamentales, asi como de su valor jurídico. Junto a ello se recomienda su utilización e invocación ante todas las instancias estatales, teniendo presente que estos, y por lo mismo sus órganos, se comprometieron a promover su plena aplicación (artículo 42).

ESTADOS UNIDOS: Mundo Indígena: 30 años documentando los derechos de los pueblos indígenas

30va edición especial de ’El Mundo Indígena 2017’ durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

IWGIA

En el año del décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), IWGIA presentó una edición especial del anuario dedicada a su implementación. Con más de 600 páginas, análisis regionales y 71 informes por países, el anuario compila aportes de activistas indígenas y no indígenas, académicos y expertos en derechos indígenas. Junto a nuestros socios y colaboradores, dialogamos y presentamos un resumen y análisis de esta nueva edición. Entre los panelistas contamos con la presencia del Embajador de Dinamarca en la ONU, Ib Petersen; el miembro del Foro Permanente por el Pacífico, Les Malezer; la coordinadora y asesora técnica de IFAD, Antonella Cordone; y el representante de África ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert Barume.

Nuestro anuario: Resultado de una colaboración global

El Embajador danés ante la ONU abrió la presentación destacando el apoyo de Dinamarca a IWGIA en el campo de documentación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional: ’Estamos orgullosos de trabajar y apoyar a IWGIA en temas tan relevantes’. La presentación se enfocó en la necesidad de documentar los derechos y demandas indígenas, así como asegurar que la información fehaciente sirva de base a las políticas y acciones nacionales. Nuestros socios de IFAD describieron el anuario como ‘un libro intocable’, que sirve como punto de entrada para quienes trabajan en temas indígenas.

Ib Petersen explicó que las herramientas basadas en hechos como El Mundo Indígena son y serán fundamentales para asegurar que la Agenda del Desarrollo 2030 no deje a nadie atrás. Resaltó que la información desagregada es crucial para conducir el desarrollo desde las comunidades locales. Felicitó a IWGIA por su capacidad de producir y ofrecer semejante herramienta en tan solo dos meses de trabajo, una tarea que ninguna otra organización ha conseguido lograr. La coordinadora del Programa de Derechos Humanos de IWGIA, Lola García-Alix, agregó que IWGIA está orgullosa de ’no sentirse dueña del libro, sino más bien asegurar que este esfuerzo colectivo y libre sea aprovechado por todos’.

Una fuente confiable para los que toman las decisiones

Todos los panelistas estuvieron de acuerdo en afirmar que, al informar a responsables políticos, el sistema judicial y la academia, El Mundo Indígena 2017 es una fuente que determina procesos globales.

Según Albert Barume, el anuario IWGIA es único porque representa una fuente indispensable para la investigación y enseñanza. ’Uno de sus principales atributos es la simpleza y el hecho de que resume lo que está mal mientras que señala claramente las mejores prácticas’. Para él la obra representa la voz de muchas comunidades, al informar a los responsables políticos sobre lo que está ocurriendo en el terreno mediante un abordaje equilibrado, lo cual no es fácil de encontrar.

Les Malezer cerró la presentación agregando que Mundo Indígena juega un papel central en la promoción de los derechos humanos. ’El libro permite obtener una perspectiva amplia y aprender sobre buenas y malas prácticas en muchos países. No hay otra referencia como esta, que informe al sistema judicial como hace este libro’, explicó.

IWGIA agradece a todos los panelistas y a nuestros colaboradores y socios por, una vez más, hacer que esta herramienta esté al alcance de todos.

¿Prefieres una copia impresa? Contáctanos en press@iwgia.org

Un video de la presentación se encuentra disponible aquí

ESPAÑA: Organizaciones de mujeres indígenas denuncian ante la ONU las esterilizaciones forzosas de Perú

Documental muestra violación de dh de miles de afectadas 1996- 2000

María R. Sahuquillo / El País

Madrid. Entre 1996 y el año 2000, más de 272.000 mujeres y 23.000 hombres fueron esterilizados en Perú como parte de un programa nacional de planificación familiar. El proyecto, que puso en marcha el Gobierno de Alberto Fujimori, permitía acceder a una ligadura de trompas o a una vasectomía a aquellos que ya tuvieran tres hijos. Las autoridades se centraron en las zonas más pobres del país, localidades rurales en las que gran parte de la población hablaba fundamentalmente las lenguas indígenas. Sin embargo, aunque las autoridades aseguraron que quienes fueron esterilizados dieron su consentimiento por escrito, varias investigaciones han probado que la mayoría de ellos no habían comprendido lo que estaban firmando o, incluso, que fueron presionados para hacerlo como condición previa para acceder a programas de ayudas y alimentos.

La Comisión del Congreso de la República que investigó el caso en el 2002 estimó que el número de víctimas de estas esterilizaciones forzosas asciende a 314.605. Sin embargo, 17 años después de que el programa terminase, la justicia no ha llegado para las víctimas de esta violación de los derechos humanos. Este viernes, entidades especializadas denuncian la impunidad del caso. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) hablarán en Nueva York de las esterilizaciones forzosas coincidiendo con el Foro Permanente de las Naciones Unidas en un evento paralelo, en el que presentarán el adelanto de un documental que da voz a las mujeres a las que arrancaron a la fuerza su capacidad de ser madres. “Las enfermeras nos dijeron que nos íbamos a quedar sin nada, sin dinero y sin trabajo, y que no podíamos tener más hijos. Y así nos llevaron a operar”, relata Milena Vázquez en el documental. Investigaciones independientes y testimonios de las víctimas, como Vázquez, revelan que muchas mujeres sufrieron chantajes y amenazas para acceder a participar en el programa. A muchas madres que acababan de dar a luz les decían que no inscribirían a sus hijos en el Registro Civil, a algunas embarazadas las amenazaban con obligarlas a abortar. Además, como denuncian las organizaciones, los miembros del programa realizaban visitas casa por casa y advertían a las mujeres que volverían con la policía si no acudían al centro de salud o a las campañas. También se ofrecían incentivos económicos a los esposos de las mujeres indígenas.

Sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su ’consentimiento genuino’, según el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem). ONAMIAP y la IWGIA afirman, además, que puede considerarse como un proyecto genociza porque se dirigía específicamente a las mujeres indígenas, a quienes se considera ciudadanos de tercera categoría, denuncian. Acusan, además, a los sucesivos Gobiernos peruanos de dilatar los plazos de investigación de los casos y de no poner en marcha una adecuada política de reparación.

ECUADOR: ALAI: una caminata de 40 años

ALAI

Estamos de aniversario: en marzo cumplimos 40 años de actividad ininterrumpida, con un trayecto marcado por una línea de in-formación y un compromiso con la democratización de la comunicación, en tanto pilar para una democracia realmente digna de ese nombre con efectiva participación de los diversos actores sociales históricamente excluidos. El punto de partida de este recorrido tiene lugar en Montreal (Canadá), donde un puñado de periodistas latinoamericanos toma la iniciativa de encarar el desafío de la falta de información y la desinformación existente sobre América Latina, tanto en el exterior como en el seno de la región, y crea la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Esto es, un desafío ante el vacío informativo resultante del control monopólico sobre la circulación de la información proveniente de y en dirección a Latinoamérica.

Una vez en el agua, el balance de la propia práctica informativa durante los primeros meses termina por dejar en claro que no sólo era cuestión de contribuir a llenar un vacío informativo, cuanto que de apuntalar respuestas de orden estructural en el plano de la comunicación, comenzando por la articulación de un nuevo tejido comunicacional democrático, amplio y descentralizado. Y es así que, paulatinamente, de la idea de apuntalar una agencia de información de acuerdo a los cánones tradicionales se pasa a una lógica de convergencias y acuerdos de trabajo con entidades afines. Esta opción, sin duda, afecta en algo la capacidad de respuesta noticiosa pero, en cambio, permite que se consolide una línea informativa analítica centrada en procesos sociales y las dinámicas organizativas desde el campo popular. Y, lo que es más, articulada con tales dinámicas.

Bajo esta perspectiva, ALAI se desarrolla como un mecanismo informativo basado en una red de relaciones en la que se entrecruzan medios de comunicación popular y alternativa, organizaciones sociales y entidades de apoyo, corresponsales y colaboradores/as, centros documentales y de investigación, etc. de los diferentes países latinoamericanos. En última instancia, es gracias a esta particular confluencia de voluntades articuladas en una dinámica de red que llegamos a los 40 años.

Convergencias

Como ALAI hace parte de las múltiples iniciativas de comunicación alternativa y popular que para entonces comenzaban a florecer en América Latina y el Caribe con el compromiso de contribuir a la transformación social de la región, propiciando la participación activa de las organizaciones sociales en la toma de decisiones políticas, toma nota que ese potencial se veía limitado por la dispersión.

Por lo mismo, propicia el I Encuentro de Prensa Popular que se realiza en Montreal del 30 de octubre al 4 de noviembre de 1978, donde se acuerda el establecimiento de una “Coordinación Informativa” de equipos de comunicación popular de América Latina y el Caribe, en cuyo trayecto se realizan otros siete encuentros de intercambio y capacitación en el curso de casi una década, que permiten afinar tanto el accionar conjunto, como la caracterización de la comunicación popular. Pero además, y muy importante, da piso a un relacionamiento directo con las propias organizaciones sociales.

En lo que nos concierne, tras el traslado de la sede de ALAI a Ecuador, esta interacción con organizaciones sociales registra un importante hito con el Taller Andino de Intercambio de Experiencias en Educación y Comunicación de Organizaciones Campesino-Indígenas, convocado por Ecuarunari, FENOC y ALAI, que se realiza del 7 al 11 de octubre de 1987 en Quito, pues las organizaciones participantes acuerdan dar continuidad a los intercambios y es en este marco que se forja la Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular; cuna de las principales articulaciones sociales continentales hoy vigentes, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC/Vía Campesina.

En este plano, ALAI incorpora una línea de trabajo para compartir su experiencia acumulada a través de la capacitación y asesoramiento en comunicación a integrantes de organizaciones sociales y medios populares, mediante talleres, pasantías, etc. Y es así, por ejemplo, que asume la coordinación pedagógica del Primer Taller de Comunicación e Información organizado por la CLOC (Quito, 17-25 de febrero de 1997), para que sus organizaciones afiliadas puedan elaborar políticas y estrategias de comunicación, tanto en el plano interno, como para la difusión de sus puntos de vista. Dinámica que posteriormente, con la participación de otras coordinaciones sociales, se traduce en la conformación de la “Minga Informativa de Movimientos Sociales” (www.movimientos.org).

En años anteriores, Quito también fue escenario de otra jornada clave en la lucha por la democratización de la comunicación: el Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación Alternativa y Popular (19 - 23 de abril de 1993), convocado por ALAI, ALER y Cerigua, donde se acuerda dar un salto en los niveles de coordinación de estos medios y, además, se formula una propuesta sobre “El Derecho a la Comunicación” que se presenta en la Conferencia Mundial sobre DD.HH. (Viena 14-25 junio de 1993).

Cinco años después, se realiza en Ottawa (22 - 24 de junio) el Foro Mundial ’Viena+5’ donde se formula el pedido a la ONU para que convoque a una “Conferencia Mundial de la Comunicación”, que surge de la consulta en América Latina y el Caribe previa al Foro, cuya facilitación estuvo bajo responsabilidad de ALAI por encargo del Human Rights Internet, organismo coordinador de Viena+5.

Días después, esta petición es respaldada por el Foro Internacional: Comunicación y Ciudadanía (San Salvador, 9-11 de septiembre de 1998), organizado por ALAI y otras entidades afines. La particularidad de este evento es que se convirtió en un espacio de confluencia de movimientos sociales y comunicación popular en torno al derecho a la comunicación.

En 2000-2001, por su trayectoria en derechos humanos y su relacionamiento con movimientos sociales, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU encarga a ALAI la organización del Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad (Quito, marzo 2001), preparatorio para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia (CMRX/Durban 2001). Foro que fue concebido como un proceso de búsqueda de consensos, destinado a facilitar la participación propositiva de la sociedad civil del continente en la CMRX.

En este trayecto de convergencias, hacia finales de la primera década del presente siglo, en pleno impulso de las nuevas iniciativas de integración regional, se abre un espacio de intercambio sobre comunicación e integración que culmina con la conformación del “Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica”, que hoy agrupa a más de 30 redes y medios de comunicación y coordinaciones sociales del continente que promueven la integración de los pueblos y la democratización de la comunicación.

La disputa tecnológica

Otro eje de la democratización de la comunicación asumido por ALAI son las nuevas tecnologías e Internet. Al constatar, hacia 1988, que Ecuador quedaba rezagado en materia de transmisión de datos, impulsa una iniciativa que da nacimiento, en 1991, al primer nodo de correo electrónico en el país: Ecuanex. Por lo tanto, registra el dominio .ec e impulsa la conformación de una asociación para administrar el nodo: Intercom, compuesta de 21 entidades no gubernamentales y universidades.

A partir de esta experiencia, ALAI dedica esfuerzos para promover la importancia de estas tecnologías para la articulación social internacional. Y es así que asume la coordinación delPrograma mundial de Apoyo a las Redes de Mujeresque la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones -APC- (red de nodos de comunicación electrónica) organiza con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). Gracias a este proceso previo, en colaboración con la ONU, se establece un precedente para conferencias mundiales, al facilitar foros de intercambio de la sociedad civil en las redes electrónicas.

El Área Mujeres de ALAI, junto con APC y otras organizaciones, se empeña también en encaminar propuestas respecto a la comunicación y las tecnologías como una oportunidad de empoderamiento para las mujeres, buena parte de las cuales se incorporan en la Sección J “Mujeres y medios” de la Plataforma de Acción de Beijing de la ONU.

En una línea similar, ALAI se involucra activamente en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de la ONU (Ginebra, 2003/Túnez 2005). Como parte de la “Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información” (CRIS, por sus siglas en inglés), en 2002-2003, asume la co-coordinación mundial del “Grupo de Trabajo de Contenidos y Temasde la sociedad civil mundial, desde donde se forjan consensos en torno a las propuestas a canalizar hacia la Cumbre de Ginebra, que se plasman también en la “Declaración de la Sociedad Civil”.

Y como uno de los grandes desafíos del presente tiene que ver con la disputa que se libra en torno a las tecnologías digitales, ALAI se integra a la iniciativa mundial para organizar el Foro Social de Internet, con el propósito de reivindicar y reconstruir una Internet ciudadana, en cuyo proceso está impulsando un encuentro regional preparatorio en Quito este año. Por cierto, en este recorrido, la línea de in-formación ha mantenido una regularidad con aportes para alentar la crítica y la reflexión sobre cuestiones cruciales que enfrentan nuestro continente y el mundo.

BRASIL: Rectores de la Amazonía se solidarizan con la lucha de los pueblos indígenas

Fernando Michelotti

Carta de reitores de Universidade da Amazônia em apoio à luta dos povos indígenas e demais populações do campo e da cidade.

Carta de Reitores da Amazônia

A intolerância e a violência não podem ser naturalizadas em nossa sociedade Os níveis de violência política nas últimas semanas no Brasil e, sobretudo, nas regiões onde atuam nossas universidades são preocupantes, e merecem atenção urgente. Tanto no campo, quanto nas cidades, as barbáries expõem nossos cotidianos e atinge principalmente parcelas vulnerabilizadas da população brasileira.

São violências privadas, para garantir a grilagem de terras, acesso a recursos naturais, como a venda ilegal de madeira, e garantidas pela omissão do Poder Executivo e pela impunidade do Poder Judiciário.

A omissão ocorre, no caso da violência contra povos indígenas, pela falta de demarcação das terras. Isso foi o que levou ao ataque genocida, em Viana, no Maranhão, descrito por uma liderança indígena como uma “tentativa de linchamento”. Mas também com a brutalidade com que a polícia legislativa recebeu a pacífica manifestação indígena em Brasília, que demandava, justamente, a demarcação das terras indígenas. Houve omissão também em relação à reforma agrária e ao combate à grilagem que gera os conflitos fundiários. O massacre em Colniza, no Mato Grosso, pelas informações iniciais e atrelando-se ao histórico local, associa-se tanto à grilagem de terras quanto à venda ilegal de madeiras; portanto, duas responsabilidades do Poder Executivo.

A omissão do Poder Judiciário, refletida pela impunidade de mandantes destes crimes bárbaros, protegendo aquelas pessoas com interesse econômico direto nas mortes e execuções políticas, realizadas por meio de pistoleiros, contribui para a consolidação da prática da violência, crescente. Em toda a Amazônia — do Maranhão ao Mato Grosso, do Amapá ao Sul do Pará — temos assistido a uma crescente onda de violência que remete aos piores momentos da história, como a transição da ditadura para a Nova República, nos violentos anos de 1985 e 1986, com absurdos índices de assassinatos no campo.

Estas barbáries no campo são reproduzidas com intolerância e violência nas manifestações políticas nas cidades, tal qual a agressão gratuita da polícia contra Mateus Ferreira, o estudante da Universidade Federal de Goiás, ainda hospitalizado. Estes não são fatos isolados, mas mostram que estamos à margem do Estado de direito, caminhando em direção a um regime de exceção, com todos os temores que isso implica para a sociedade.

As universidades públicas, como instituições sociais com a função de produção de conhecimento e formação de pessoas e visando aos princípios democráticos e do direito à diversidade, cumpre aqui parte do seu papel de chamar a atenção das comunidades universitárias e de toda sociedade para o fato de que essa onda de intolerância não pode ser naturalizada em nossa sociedade!

Manifestamos nossa solidariedade à luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras e às reivindicações das demais populações vulnerabilizadas do campo e da cidade por melhores condições de vida. Repudiamos as tentativas de criminalização de suas lideranças e apoiadores.

Reitor Maurílio Monteiro – Unifesspa

Reitora Eliane Superti – Unifap

Reitora Myrian Thereza de Moura Serra –UFMT

Reitora Raimunda Nonata Monteiro – UFOPA

Reitora Nair Portela – UFMA

VENEZUELA: Pocaterra: Constituyente afianzará lucha de los pueblos indígenas

AVN

Caracas. Revolución Bolivariana incorporó a los pueblos indígenas dentro de la Constitución para consagrar todos sus derechos y resguardar sus acciones, ratificó Nohelí Pocaterra, de la Comisión Presidencial para la Constituyente. ’No debería haber un solo indígena que no esté al lado del presidente (Nicolás) Maduro; no debería haber un solo indígena que no esté apoyando este proceso constituyente, porque la Carta Magna, elaborada en Revolución, reivindicó a nuestros pueblos ancestrales. No se nos puede olvidar eso. La constituyente afianzará nuestra lucha’, destacó la líder indígena, en transmisión de VTV.

En un encuentro con representantes de sectores indígenas, campesino y pesquero, Pocaterra refirió la discriminación de la que eran víctimas los pueblos ancestrales durante la IV República, situación que fue revertida con la Constitución de 1999. ’Por eso nosotros, con voz fuerte, con dignidad, de pie, sin arrodillarnos decimos sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Fuimos en el 99 a defender nuestros derechos (...) nos ayudó ese hombre que se llama Hugo Chávez, nos apoyó y no sólo él (...) nos apoyaron estos constituyentes que están aquí y muchos que no están’.

En la reunión también participó el presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, así como otros integrantes como Aristóbulo Istúriz y Adán Chávez. El presidente Maduro convocó el pasado 1ero de mayo, en uso de sus atribuciones constitucionales, a una Asamblea Nacional Constituyente en la que invitó a todos los sectores del pueblo venezolano a dialogar y a elevar propuestas.

ARGENTINA: Radios rurales ante el dilema de los recursos

Delegados de 35 radios rurales, campesinas e indígenas, reclaman la implementación de la Ley de Medios y apoyo estatal

Momarandu

La solicitud está plasmada en un documento a modo de conclusión de un encuentro nacional realizado en Jujuy. Señalan un ’retroceso’ en las políticas previstas en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para las radios comunitarias. Hacen notar que muchas comunidades quedarán aisladas sin el funcionamiento de esas emisoras cuyo función es la de comunicar asuntos vinculados al quehacer cotidiano. Las radios rurales enfrentan problemas debido a la falta de recursos para organizar sus emisiones, se informó en Jujuy.

La mayoría pertenece a organizaciones vecinales, campesinas e indígenas que intentarán reunirse en una “Red de Radios Rurales”, con participación de instituciones como INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, el Ministerio de Agroindustria y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

PERU: Cine Foro. La Vida en mi comunidad

Porque queremos que también cuentes tus propias historias Chirapaq te invita a concursar por este premio, el cual sortearemos entre los asistentes al Cine Foro La Vida en Mi Comunidad. INGRESO LIBRE. Conoce las condiciones siguiendo el link https://goo.gl/ZB8Eeb

Un grupo de niños que descubre el origen de un río, una joven que invoca a sus antepasados en medio de un bosque nevado, un niño citadino que se ve obligado a regresar a su comunidad para cuidar de su abuela enferma y dos jovencitas aymaras que organizan un campeonato de fútbol en su pueblo, son algunas de las historias del cine foro “La Vida en Mi Comunidad” organizado por la asociación CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú y Oxfam.

Veinte películas dirigidas o protagonizadas por jóvenes indígenas provenientes de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, México, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá y Perú, forman parte de esta proyección que se llevará a cabo el martes 9 y miércoles 10 de Mayo desde las 5.00 p.m. en el Centro Cultural de España (Jr. Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Lima).

El público asistente tendrá la oportunidad de conocer la cultura de los pueblos indígenas Anicinape, Atikamenkw, Aymara, Embera, Innu, Kuna, Maorí, Mapuche, Quechua, Diaguita Calchaqui, Mojeño, Yanesha y Ñuu Savi, cuyas historias han sido llevadas a la gran pantalla a través del documental, la ficción y la animación. Al término de cada función se llevará a cabo un conversatorio en el que participarán jóvenes realizadores de Perú y Canadá. Asimismo, cineastas de reconocida trayectoria como Iván Sanjinés, Fernando Valdivia, Sonia Goldenberg y Ernesto Cabellos, con quienes se debatirá acerca de los retos y desafíos para el cine indígena en el Perú.

Con el fin de permitir a los asistentes el filmar sus propias historias, al cierre de los conversatorios, se sorteará entre los presentes una cámara digital Lumix DMC-ZS35 Panasonic.

La inauguración contará con la presencia de Tarcila Rivera Zea, peruana miembro del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU, e incluirá una intervención cultural a cargo de los integrantes del Grupo Yuyachkani.

Esta jornada audiovisual es organizada con el apoyo del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), la Red Internacional de Creación Audiovisual Indígena (RICAA), el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) de Bolivia, los estudios Wapikoni Mobile de Canadá, el festival internacional de cine indígena de Chile FICWALLMAPU y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Desde hace tres años la asociación CHIRAPAQ lleva acabo una iniciativa para que jóvenes indígenas de Ayacucho y la Selva Central puedan utilizar el cine como herramienta para conectarse con sus raíces y dar a conocer la realidad de sus pueblos. El cine foro incluirá lo mejor de estas producciones que ya han sido galardonadas en festivales internacionales de Canadá, Chile y Perú.

Conoce la programación completa aquí.

OAXACA: En Juchitán, fiesta de hermandad aleja a los niños de la violencia

La festividad religiosa está dedicada a San Vicente Ferrer y dura tres días; los menores son actores principales

Diana Manzo / La Jornada

Juchitán. Con el sonido de cohetes y el de la tambora y la trompeta, que interpretaron un son tradicional, dio inicio por décimo séptimo año consecutivo la vela zapoteca de los niños Guendaliza´sti xcuidi (hermanamiento), ceremonia cultural y tradicional, que únicamente se realiza en Juchitán, como parte de sus fiestas titulares de mayo.

En 2000 se realizó por primera vez por un grupo de jóvenes que ahora son padres de familia; su objetivo es inculcar en los niños la preservación de las tradiciones de los zapotecas, como bailes, música y lengua materna.

En la vela Guendaliza´sti xcuidi los niños veneran al santo patrono, San Vicente Ferrer chico. Acuden desde bebés de meses hasta niños de 12 años y visten ropa típica. Las mujeres usan enaguas y huipiles y los hombres guayabera blanca y pantalón negro, además de sombrero. Las velas son expresiones culturales, fiestas nocturnas. Están a cargo de sociedades o agrupaciones; tienen un compromiso y responsabilidad, porque cada ceremonia dedica su fe a la celebración de imágenes religiosas, oficios y sitios sagrados. La mayor parte están dedicadas a la Santa Cruz y a San Vicente Ferrer.

Nace la vela

Leticia Flores Felipe fue la creadora de esta festividad, única en todo Oaxaca, la cual se realiza exclusivamente para los menores. Flores menciona que en 2000, siendo maestra de catecismo, coincidió con un grupo de jóvenes a quienes impartía clases en la parroquia de San Vicente Ferrer sobre lo necesario de que mediante los niños se preservara la cultura zapoteca. “Junto con los jóvenes y el párroco Arturo Francisco Herrera González organizamos la primera vela. Fue un 30 de abril, en el patio del Centro Escolar Juchitán, que desde entonces ha sido el recinto oficial”. Expresó que la situación que se vive en Juchitán que ha ubicado a esta ciudad como una de las más violentas del país, también ha hecho pensar que es necesario inculcar los valores y tradiciones, por lo que ahora, más que nunca, señala, seguirán con esta celebración.

En la vela, en lugar de bebidas embriagantes, los niños consumen refrescos de sabor, y los bocadillos son los típicos. Se trata que los padres y sus hijos convivan con amigos y familiares, además de que practican los bailes tradicionales, escuchan la lengua zapoteca y observan cómo la hermandad debe preservarse. Llega mayo, y el pueblo juchiteco prepara trajes regionales porque sabe que disfrutará veladas nocturnas. En esta ciudad zapoteca se realizan 20 velas, y cada una tiene un responsable que encabeza la ceremonia, al cual se le conoce como mayordomo. Sus acompañantes pueden ser capitanes, capitanas y reinas. La vela de los niños, como todas las demás, incluye una regada de frutas y una misa en honor a San Vicente Ferrer.

Las niñas utilizan su traje regional istmeño: una blusa con bordados a mano o cadenilla y un faldón largo, estampado con flores hechas a mano o cadenillas de hilo de seda, que en la parte inferior lleva una tira blanca de olán. Los niños simulan a un adulto: visten pantalón oscuro y guayabera blanca; algunos llevan un paliacate rojo amarrado al cuello y un sombrero. Esta vestimenta se utiliza en cada una de las velas que se celebran en Juchitán. También se impulsan el baile y la gastronomía, con el ímpetu de compartir todo lo recibido.

La coordinadora y fundadora de la vela de los niños, Leticia Flores Felipe, narró que esta festividad ha sido bien recibida, porque son los padres de familia quienes cada año se han sumado a la celebración, cooperan llevando a sus hijos e invitan a otros menores para que la tradición se multiplique. “Hemos tenido éxito; creo que el objetivo se está cumpliendo. Nuestros primeros mayordomos actualmente tienen más de 20 años, y ahora ellos nos ayudan a coordinar a los nuevos, y cuando van a las velas de los adultos contagian a otros amigos y todos portan la vestimenta típica, bailan sones regionales y comen botana juchiteca, que son antojitos”, detalló.

Los niños de la casa hogar Luis Carlos Herrera González y Jimena Juquila Sánchez Cruz fueron los mayordomos este año. Participaron cerca de mil menores, quienes compartieron bocadillos, música y bailes tradicionales en la explanada del Centro Escolar Juchitán.

La reina fue Rosa Guadalupe González Gómez, y seis niños y niñas más fueron capitanes. El son de la Paulina, tocado por la banda de música Xhavicende, del maestro José Gómez, fue la primera melodía que bailaron. Los niños, caballerosamente, pidieron a las niñas levantarse para bailar con ellos.

Alimentos compartidos

Los bocadillos son torta compuesta, garnachas y empanadas y molotes; también se bebe agua de jamaica, horchata y limón. Niños de otros municipios son invitados, como los de El Espinal, Tehuantepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo. Antes de concluir la fiesta se hace el cambio de mayordomía en un acto ceremonial en el que se entregan flores y velas a los niños que serán los responsables de encabezar la celebración el año próximo. Para 2018 la mayordoma será Paulina Dayzu Castillejos Barrios. Leticia Flores Felipe narró que al día siguiente de la vela se realiza una “regada de flores y frutas”, en la cual las pequeñas cargan velas pequeñas y jarrones de flores y recorren la ciudad acompañadas de carretas minúsculas, adornadas con hojas verdes de río.

Para concluir la ceremonia, al tercer día los menores asisten a una misa de acción de gracias en la parroquia de San Vicente Ferrer por los tres días que duró la festividad. “Este esfuerzo que hacemos lo preparamos ocho meses antes; es una tarea ardua, pero que nos gusta. Lo hacemos para inculcar el amor en los niños, para que la violencia que ven y escuchan la olviden por un momento; para que en lugar de oír peleas convivan y disfruten en paz”, expresó Leticia. Ella trabaja de secretaria en el hospital general y su único objetivo es que la vela de los niños se mantenga vigente; su misión es que los valores y la hermandad sigan firmes y que los menores vivan rodeados de amor y alegría, lejos de la violencia.

MEXICO: Nuevo amparo del pueblo Me’phaa contra mineras

Fernando Camacho Servín / La Jornada

La comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero, se encuentra librando una nueva batalla legal para evitar que el gobierno federal declare sus terrenos “libres”, porque ello permitiría la llegada de otras empresas mineras, luego de que dos compañías concesionarias se retiraron del lugar. Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, recordó en entrevista con La Jornada que en 2011 el pueblo –llamado Júba Wajíin en su idioma original– se enteró de que la Secretaría de Economía (SE) otorgó a dos empresas mineras el derecho de explotar sus territorios, sin consultar antes a sus habitantes. Las concesiones abarcaban 80 por ciento de las 6 mil 800 hectáreas de la comunidad, y su propósito era explotar los yacimientos de oro y plata con la técnica de la minería a cielo abierto, que implica la remoción de grandes cantidades de tierra y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro.

Con la asesoría legal de Tlachinollan, San Miguel del Progreso solicitó un amparo para impugnar no sólo las concesiones, sino la propia constitucionalidad de la Ley Minera, por considerar que propicia despojos y otras violaciones graves de derechos humanos de comunidades cuyo subsuelo alberga recursos naturales. Una vez que el amparo en revisión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015, se perfilaba buena probabilidad de que la Ley Minera fuera declarada inconstitucional. Las empresas que tenían la concesión de San Miguel del Progreso prefirieron renunciar a ella, para evitar que el máximo tribunal del país abordara el tema de fondo y pudiera afectar el resto de las actividades mineras en el país.

Otra declaratoria

En tanto, la SE emitió en 2016 una declaratoria de “libertad de terrenos” para Júba Wajíin, que implicaba la llegada de nuevas compañías a explotar el área. Frente a ello, la comunidad interpuso un nuevo amparo que por el momento impide al gobierno mexicano volver a otorgar concesiones sobre sus tierras. “Esperamos que la titular del juzgado primero de distrito dicte que la libertad de terrenos es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y, por lo tanto, nula. Si no obtenemos el amparo, vamos al recurso de revisión”, adelantó González. Mientras ello ocurre, el pueblo sigue organizándose por medio de su Consejo de Defensa del Territorio para protegerse no sólo a él, sino a toda la región.

MEXICO: Destaca Unicef vulnerabilidad de niños migrantes e indígenas

Laura Poy Solano / La Jornada

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) alertó que al menos 13 mi 746 niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos en 2016, y en 70 por ciento de los casos eran menores que viajaban sin la compañía de un adulto. En su informe Retos y avances para la niñez en México, el organismo multinacional detalla que ese mismo año se detectaron en las estaciones migratorias 40 mil 542 detenciones de menores extranjeros en territorio nacional. De ellos, 41 por ciento eran originarios de Guatemala; 29 por ciento de Honduras y 25 por ciento de El Salvador. Christian Skoog, representante de Unicef México destacó que los niños migrantes e indígenas son los más vulnerables en el ejercicio pleno de sus derechos, pues afrontan mayores desventajas para el acceso a una educación y salud de calidad, pero también para garantizar una vida libre de violencia.

El informe revela que al menos 2.5 millones de niños trabajan en México, y uno de cada cuatro debe laborar para ayudar económicamente a su familia. También se detectó que poco más de 351 mil menores no asisten a la escuela y realizan trabajo doméstico en condiciones no adecuadas. De ellos, 70 por ciento son mujeres. La pobreza es otro factor que más afecta a la niñez y adolescencia en México, pues se estima que al menos 20 por ciento de los 21 millones de menores que viven en pobreza en el país, enfrentan la miseria extrema. Además, destaca Unicef, nueve de cada 10 niños que hablan una lengua indígena son pobres, viven en hogares con un ingreso promedio por debajo de la línea del bienestar mínimo y enfrentan más de una carencia social.

En cuanto a las condiciones de nutrición, el organismo multinacional reporta que en México dos de cada 10 niños menores de cinco años que viven en zonas rurales presentan desnutrición crónica, condición que afecta a uno de cada cuatro niños que viven en hogares indígenas. En contraste, alerta, 5 por ciento de los menores de cinco años tienen obesidad.

Los desafíos que enfrenta la niñez en nuestro país no se limitan a sus condiciones de salud, educación y pobreza, destaca Unicef, pues se estima que poco más de 20 por ciento de los niños menores de un año no cuentan con acta de nacimiento. Los obstáculos para que los niños y adolescentes indígenas gocen plenamente de sus derechos se reflejan no sólo en sus condiciones de vida, sino también en que sólo uno de cada cuatro de quienes residen en comunidades rurales es registrado antes de su primer año de vida. Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ocupan los últimos lugares en la cobertura de registro oportuno en el país.

CAMPECHE: Sin atender denuncia por siembra de soya transgénica

Hubert Carrera Palí / La Jornada Maya

San Francisco de Campeche. La delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido denuncia por siembra de soya transgénica, aunque ya se incorporó a las consultas que sostienen los pueblos indígenas mayas con autoridades dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), responsables de que se acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó el titular de la dependencia Ignacio navarro Rábago.

En entrevista con la Jornada Maya, dejó en claro que todos estos asuntos son canalizados a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. “Nosotros les enviamos una tarjeta informativa sobre el caso y ellos deciden si la admite o la dejan para que investiguemos”. Aseguró desconocer cuántas denuncias se han interpuesto ante esta delegación por siembra de soya transgénica, pero aseguró que todo tipo de delitos federales son atendidos, “Pues existen otras por tala ilegal, pero no sé en qué número”.

Indicó que la PGR está en la mejor disposición de atender todas las denuncias que se hacen por la siembra de soya transgénica, “en el caso que nos ocupa y por eso ahora hemos estando participando con comunidades indígenas mayas y autoridades responsables de la consulta para darles cause”. Dejó claro: “Estamos escuchando las peticiones de los afectados, pero hasta el momento no tenemos denuncia por la siembra de soya transgénica”. Consideró, sin embargo, que por la dinámica que tuvo el primer acercamiento con los afectados y con las autoridades responsables de vigilar que se respete a determinación de la SCJN, quizá próximamente se empiecen a recibir denuncias de esta naturaleza que inmediatamente procederemos a investigar.

Sin embargo, reiteró, tocará a la Fiscalía en Delitos Ambientales darle cause a todas estas inconformidades de las comunidades indígenas cheneras para que se proceda conforme a la ley. Subrayó que la delegación estatal no ha procedido con algún aseguramiento, sanción o privación de la libertad de los presuntos responsables porque no cuentan con denuncias al respecto.

MEXICO: Diálogo sobre derechos políticos y jurídicos de los pueblos indígenas en el INAH

Columba Vértiz De La Fuente / Proceso

Limitado a 40 participantes, académicos y organizaciones sociales e indígenas se reúnen por cuarto año consecutivo en el diplomado Derechos de los pueblos indígenas en México. Doctrina, legislación, tratados y jurisprudencia, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Dialogarán en torno a los derechos territoriales, políticos, autonomía y mecanismos jurídicos nacionales e internacionales que se han puesto en práctica para la defensa de este sector de la sociedad.

El ciclo de este diálogo inició el 5 y 6 de mayo en la Sala Guillermo Bonfil Batalla, de la Coordinación Nacional de Antropología. Isabel Campos, coordinadora nacional de Antropología del INAH, sostuvo que desde su primera edición el diplomado creó muchas expectativas porque los temas que aborda tienen que ver con la problemática cotidiana de los pueblos, a la vez que aporta elementos para atender sus conflictos desde la perspectiva de los derechos indígenas.

La finalidad del diplomado es encontrar herramientas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ya sea desde la asesoría en casos específicos o capacitación a autoridades para resolver los casos que se presenten. “Se busca aportar elementos para la construcción de una sociedad multicultural, respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad cultural”, puntualizó la especialista.

El antropólogo Diego Prieto Hernández, director general INAH, recordó que “es evidente que desde 1992, cuando en el texto constitucional se incorporó la noción de México como un país pluricultural, cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, significó una transformación en el proyecto de país”. Pero aceptó “que ese cambio aún no impregna del todo en la conciencia nacional en su conjunto, ya que no se ha traducido en la configuración de un andamiaje mucho más sólido que fortalezca, ejerza y reclame los derechos que corresponden a los pueblos indígenas de nuestro país”.

Los derechos indígenas –prosiguió el titular del INAH– suponen reconocer que hay un conjunto de expresiones étnicas, lingüísticas y culturales que ancestralmente han sido relegadas, disminuidas en sus derechos, afectadas en el uso y reconocimiento de sus propios territorios. Añadió que hace falta trabajar aún más en el reconocimiento de los derechos de este sector poblacional, aunque México ya comenzó hace varios años (1990) esa defensa, cuando suscribió la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, además de las reformas constitucionales en favor de los derechos humanos que engloban los de los grupos étnicos.

MEXICO: Angélica Aragón quiere ser una voz para los pueblos indígenas

La actriz dio voz a la abuela de la protagonista de la cinta Moana

El Universal, Noroeste

El empeño que la actriz Angélica Aragón tuvo por dar voz a la abuela de la protagonista de la cinta Moana no sólo se debió al gusto que su nieta tiene por los filmes animados, también nació de su interés por los pueblos indígenas no sólo de México sino de otras partes del mundo.

La primera vez que convivió con pueblos de otras regiones fue hace 30 años al visitar villas indígenas de Hawaii, donde tuvo la oportunidad de descubrir nuevas poblaciones y adentrarse en su cultura.

Cuando hace casi un año le dijeron que podría dar voz a Tala, abuela de Moana, en una cinta que retrata a los pueblos de las islas del océano Pacífico, la actriz de 63 años no dudó, pues para ella era importante exaltar lo que estas comunidades hacen. ’Cuando me invitaron creía que sería bueno y cuando me involucré más, me fascinó. Descubrí la forma en la que trataron el tema y fueron respetuosos con estas comunidades con las que curiosamente yo he convivido en el pasado y son pueblos a los que hay que admirarles muchas cosas. El mar de Oceanía y hasta de Hawái es muy distinto al nuestro, tiene otro color, otra densidad y hasta eso se puede ver en la película’, explicó.

Estrenada en cines el 27 de noviembre del año pasado, “Moanaes una producción de Walt Disney Studios que relata las aventuras de una joven adolescente que se embarga en la misión de salvar a su pueblo.

El filme, que ya se encuentra en formato casero digital, no es el primer acercamiento que tiene con la animación, pero si considera es el más importante hasta el momento. Este trabajo ha despertado en Angélica su interés en seguir desarrollándose en el doblaje, siempre y cuando el proyecto aporte a la inclusión de las personas y sus sociedades.