Jueves 2 de abril de 2015 / Resistencia

InfoRED: Latinoamérica: “Se necesita una evaluación integral del cumplimiento de derechos indígenas”

El informe se puede descargar con un clic en el siguiente enlace: Informe Balance 2014

- En foro público se presentó Balance 2014 del Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Servindi, 30 de marzo de 2015.- La necesidad de unir esfuerzos para realizar un informe conjunto que dé cuenta del cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica fue un consenso alcanzado en el Foro Público Internacional “25 Años del Convenio 169 OIT: Balance Regional y Consulta Previa”.

En el evento realizado en Lima el miércoles 25 de marzo participaron investigadores y líderes indígenas de siete países de la región quienes coincidieron en que dicho informe debe contribuir a analizar las tendencias regionales y promover estándares para los países de Latinoamérica.

Los dirigentes evaluaron el cumplimiento de los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, al territorio, a los recursos naturales, a la participación y al desarrollo, entre otros, amparados en el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en 2014 cumplió 25 años.

Representantes de COICA, AIDESEP y Pacto de Unidad en la apertura del foro internacional

El foro fue impulsado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organizaciones indígenas de Perú pertenecientes al Pacto de Unidad, y diversas entidades pertenecientes a la sociedad civil nacional como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entre otras también de carácter internacional.

En el Foro participó también Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad de Perú, quien informó sobre los avances y retos de la consulta previa y señaló que es necesario seguir trabajando por la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, ya que estos no se agotan en la consulta previa y pensar de esta manera genera una sobre expectativa de la misma.

Diversos niveles de cumplimiento

Alcíbiades Escué, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), de Colombia, concluyó que en la región se tiene dos tipos de países: unos con normativa dispersa sobre derechos indígenas y otros que no tienen un organismo público de buen nivel que los implemente.

En consecuencia, corresponde a cada pueblo esforzarse por hacer cumplir sus derechos y no confiar en que los Estados lo van a implementar.

Para el caso de Colombia, destacó que a pesar de no contar con una norma sobre consulta previa, tenerla sería deductivo ya que han tenido un mejor avance y desarrollo en los casos con las Cortes Constitucionales del país.

Adolfo Chávez, presidente de la organización indígena del oriente boliviano denominada CIDOB-orgánico, distinta de la CIDOB oficialista, indicó que en su país se tuvieron avances significativos en el reconocimiento constitucional de los derechos y su implementación pero en los últimos años se advierten normas y práctica de retroceso.

Gregorio Mirabal, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), de Venezuela, comentó que pareciera que Venezuela es el país de las maravillas en derechos indígenas, sin embargo existe un fuerte sesgo político en su aplicación.

No se cuenta con una institucionalidad legitimada con las organizaciones indígenas debido a que son absorbidos por el Estado y aún no se ha realizado ninguna consulta previa en el país, agregó.

Ricardo Verdum, investigador y antropólogo de Brasil, destacó la importancia del movimiento indígena y de organizaciones ambientales para el reconocimiento de los derechos desde antes de la adopción del Convenio 169 en dicho país.

Mencionó que se han reconocido varios derechos, pero advirtió que hay un proyecto para que los títulos de propiedad de los pueblos indígenas sean revisados por el Congreso de ese país.

Para Maite de Cea, investigadora de la Universidad Diego Portales de Chile, la situación es más desoladora debido a que en Chile aún no se reconocen normativamente los derechos de los pueblos indígenas; y la norma sobre Consulta tiene seria falencias, no habiéndose avanzado en otros derechos.

El caso peruano

Para el caso peruano se presentó un informe anual sobre el cumplimiento de derechos indígenas durante el último año titulado: “Pueblos Indígenas del Perú: Balance 2014 sobre cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”, el mismo que en horas de la mañana se entregó en un desayuno de trabajo con representantes del Estado peruano.

Bernabé Impi, secretario de la AIDESEP expresó su malestar por la falta de respeto a la consulta previa

En la publicación se destaca que el panorama de aplicación de la consulta no es el mejor debido a que “no se ha implementado conforme al espíritu del Convenio 169″ y existe una clara “ausencia de voluntad política del actual gobierno, que prioriza los intereses económicos privados por encima de los derechos de la población”.

Gladis Vila, presidenta de ONAMIAP, cuestionó el afán político del Estado peruano por desconocer el carácter indígena de los pueblos andinos

También se señala que existe una práctica constante de diversos representantes públicos por “desconocer y desnaturalizar” la condición de pueblos indígenas, lo que conlleva que hasta la fecha no haya existido ni un solo caso de consulta previa de la actividad minera por desconocer la condición originarias de las comunidades campesinas.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y coordinador del Pacto de Unidad, denunció la falta de coherencia del Estado peruano que expide normas contra las comunidades como la Ley 30230.

Otro factor de cuestionamiento es la ausencia de capacidades del Estado para hacer efectivo este derecho lo que conduce a que las decisiones se tomen “con un criterio meramente tecnocrático y económico”.

Los diversos voceros del Pacto de Unidad, como Antolín Huáscar, presidente de la CNA, y Gladis Vila, presidenta de la ONAMIAP, cuestionaron la aprobación de normas inconsultas orientadas a promover la inversión vulnerando el derecho de consulta y debilitando derechos territoriales de las comunidades.

El informe no deja de señalar asimismo las limitaciones de las propias organizaciones indígenas que actualmente les impide “afrontar estos procesos como es debido”, entre otros factores, por la escasez de recursos económicos y logísticos para afrontar una agenda variada y en diversos escenarios temáticos.

Presentación del documento

César Gamboa, director ejecutivo de DAR, clausuró el foro internacional

El documento fue presentado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y por las siete organizaciones indígenas nacionales que conforman el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.

Cabe destacar que el informe es elaborado anualmente como documento alternativo al informe que elabora el Estado peruano a la OIT, y es realizado con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Tanto el desayuno de trabajo con autoridades, y el foro público fueron organizados por la COICA, la AIDESEP, las organizaciones del Pacto de Unidad (CNA, CCP, ONAMIAP, UNCA, FENMUCARINAP, CUNARC P) y más de diez organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica.

Entre ellas CEDLA (Bolivia); la Fundación para el Debido Proceso (regional), OXFAM; Wataniba (Venezuela), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; DAR; Red Muqui; CooperAcción; IDLADS; IDL; CAAAP; Fórum Solidaridad Perú; Fedepaz, Instituto del Bien Común (IBC); Servindi y Paz y Esperanza.