Viernes 17 de junio de 2011 / Derechos

europarlamentarios y consulta indígena

La grave situación de los pueblos indígenas no contó para la UE a la hora
de rubricar el TLC con Colombia

Europarlamentarios preguntan a Ashton sobre la violación al derecho a la
consulta previa a los pueblos indígenas de Colombia y Guatemala, tras la
negociación de un TLC y un Acuerdo de Asociación *

* *

*"La grave situación de los pueblos indígenas no contó para la UE a la hora
de rubricar el TLC con Colombia"*

* *

*Bruselas, 17 de junio de 2011.

**Eurodiputados y Eurodiputadas *de diversos
partidos han enviado una carta a *Catherine Ashton*, *Alta Representante de
la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad,
*y* Vicepresidenta de la Comisión Europea,
*en la que le manifiestan su profunda preocupación "ante la grave falta de
cumplimiento al derecho de consulta previa para los pueblos indígenas de
Guatemala y Colombia y los impactos que esto tiene en su supervivencia como
pueblos protegidos bajo el derecho internacional".

Según los 39 miembros del Parlamento Europeo, firmantes de la misiva [*ver
anexo*], "[.]empresas transnacionales [.] han iniciado sus operaciones en
territorios de los pueblos indígenas,
lo que ha resultado en situaciones
graves de violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas ante
autoridades nacionales y en algunos casos al sistema interamericano. En
algunos casos estas inversiones se benefician del marco de tratados de libre
comercio, mecanismos de desarrollo limpio y financiamientos privados de
procedencia europea".

*Oidhaco*, conocedor de esta carta, no puede más que respaldar
todas las preguntas dirigidas a la Comisaria Ashton. "En el caso particular
de Colombia, esta carta nos parece muy pertinente y agradecemos a estos
europarlamentarios su preocupación por el respeto a los derechos de los
pueblos indígenas", afirma *Vincent Vallies*, portavoz de la organización
con sede en Bruselas. "Como los pueblos indígenas han reiterado una y otra
vez, Colombia está violando el derecho a la consulta previa en proyectos de
desarrollo, de infraestructura y de explotación de recursos naturales en los
territorios indígenas, consulta exigida por la normativa colombiana e
internacional, cuya violación se confirma por las últimas sentencias de la
Corte Constitucional de ese país".

"La ONIC (*Organización Nacional Indígena de
Colombia*
) ha advertido sobre el riesgo de extinción de la mitad de los
pueblos indígenas del país, y la Corte Constitucional ha alertado sobre la
desaparición de al menos 35 pueblos indígenas
, citando el impacto de
proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios como uno
de los mayores factores", manifiesta *Vallies. *

Uno de estos pueblos en vía de extinción es el pueblo Embera Katío*. *"El
dos de junio pasado, se han cumplido los 10 años del asesinato y
desaparición del cuerpo de *Kimy Pernía Domicó*, líder indígena de ese
pueblo que se opuso a la creación de una represa en el territorio de su
comunidad, en la provincia de Córdoba al norte de Colombia. Aunque el jefe
paramilitar Mancuso ha confesado que el ordenó la desaparición y posterior
asesinato de Kimy Pernía, al día de hoy no se ha llevado a ningún
responsable ante la justicia por este crimen ni por otros más de 20
asesinatos de indígenas de la misma comunidad que, como Kimy, se opusieron a
este megaproyecto".

Este caso es uno más de los centenares que han sucedido en
Colombia en diversos territorios indígenas. Demuestra que la construcción de
proyectos como el de esa represa conocida como central hidroeléctrica de
Urrá, y su futura ampliación en Urrá II, pueden contribuir a la desaparición
de una etnia física y culturalmente, al inundar sus territorios, acabar con
la soberanía alimentaria de las comunidades, e impulsar posibles
desplazamientos forzosos. Indemnizaciones y reparaciones de ningún modo
podrán recuperar el daño causado. Una cultura extinguida y todo lo que la
enriquece como sus lenguas, conocimientos y protección de la biodiversidad
entre otras cosas, no se puede recuperar; es una pérdida irrecuperable para
toda la humanidad.

También, * la CBC -**Coordinación Belga por Colombia**-, *que
agrupa a las organizaciones que desde Bélgica trabajan por los derechos
humanos en Colombia*, *deja constancia que la grave situación de los pueblos
indígenas no fue tomada en cuenta por la UE a la hora de rubricar el TLC. Su
portavoz, Stéphane Compère, advierte: "Es inaceptable y por esto pedimos al
Parlamento Europeo no ratificar el TLC tal como está concebido hoy".
Además,
pregunta a la UE ¿cómo garantiza que el TLC o las empresas europeas no
contribuyan - directa o indirectamente - a ese proceso de extinción? Proceso
que hoy la UE podría ayudar a detener con políticas de cooperación, de
comercio y de Derechos Humanos coherentes con sus principios y acorde con
los derechos de los pueblos.

La UE debe tener como primera prioridad el respeto a los Derechos Humanos,
en este caso en particular, los derechos plasmados en la *Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*, declaración
que fue apoyada por la Unión Europea durante su aprobación en la Asamblea
General de la ONU en el año 2007.

*Oidhaco* al igual que los eurodiputados firmantes de la carta
dirigida a la Comisaria Ashton, le solicita que reciba a la delegación de
los pueblos indígenas de Colombia que estarán en Bruselas entre el 20 y 24
de junio, para exponer en voz propia, la situación crítica de sus
comunidades. También, con el fin de visibilizar su crítica situación, esta
delegación presidirá conferencias acompañadas con documentales

Bruselas, 7 de Junio de 2011


Baronesa Catherine Ashton

Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad
Vicepresidenta de la Comisión Europea

Por la presente, las eurodiputadas y eurodiputados abajo firmantes nos dirigimos a usted como Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, con gran preocupación ante la grave falta de cumplimiento al derecho de consulta previa para los pueblos indígenas de Guatemala y Colombia y los impactos que esto tiene en su supervivencia como pueblos protegidos bajo el derecho internacional. En este contexto empresas transnacionales y nacionales se han instalado e iniciado sus operaciones en los territorios de los Pueblos Indígenas lo que ha resultado en situaciones graves de violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas ante autoridades nacionales y en algunos casos ante el sistema interamericano. En algunos casos estas inversiones llegan a estos países favorecidas por el marco de tratados de libre comercio, mecanismos de desarrollo limpio y financiamientos privados de procedencia europea.

Vista la Declaración de la Presidencia de la Unión Europea sobre la necesidad de respetar plenamente los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y vista la Resolución del Consejo de Desarrollo de 30 de noviembre 1998 sobre pueblos indígenas en el marco de la cooperación al desarrollo de la Comunidad y los Estados miembros se le requirió a la Comisión la realización de un Informe que se hizo público en el 2002 (al que denominaremos Informe) . Visto que la Resolución en el año 1998 reclamaba la integración de la problemática de los pueblos indígenas como aspecto presente en todos los niveles de la cooperación para el desarrollo, incluyendo el dialogo político con los países asociados; así como el compromiso de apoyar las iniciativas nacionales destinadas a hacer reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas establecido en el Informe de la Comisión Europea, solicitamos a la Alta Representante de la UE que se pronuncie y actúe:

• Informando como ha dado seguimiento a la resolución en lo relativo a hacer valer el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus propias sendas de desarrollo lo que incluye el derecho a oponerse a proyectos que afectan formas propias de vida, biodiversidad y el medio ambiente y aumentan la vulnerabilidad ante desastres naturales y la conflictividad social;

• Informando como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya aprobación fue apoyada por la Unión Europea en el 2007, ha sido incluida como marco conceptual en el seguimiento a esta resolución;

• Informando cómo ha velado por el cumplimiento de este derecho ante los rechazos expresados por pueblos indígenas en regiones de Colombia y Guatemala con presencia de inversiones europeas; y en particular comunicando como ha garantizado el derecho de la población indígena para dar una opinión fundada en relación con las negociaciones de los Acuerdos de Asociación entre Centro América y la Unión Europea y el Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea;

• Informando de cómo ha integrado el derecho de la población indígena a la consulta dentro del proceso de diálogo político con Guatemala y Colombia;

• Solicitando al Estado de Guatemala y Colombia detener a la criminalización de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y garantizar el acceso a la justicia de forma imparcial y equitativa;

• Informando como está desarrollando un proceso de consulta con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en Guatemala y Colombia, en la construcción de los Country Strategy Papers 2014-2020, para incluir los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente el derecho a la consulta previa, en línea con los artículos de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

• Requiriendo al Gobierno de Guatemala que dé seguimiento a iniciativas legislativas de regulación de consultas, cuando estas iniciativas cuentan con la participación activa en la formulación y el respaldo de los pueblos indígenas, sujetos de la propuesta de reglamento, y cuando dicha regulación respete lo establecido en convenios internacionales, Constitución de la Republica y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Instando al Gobierno de Guatemala, a través del diálogo político, para que en el caso específico de los desalojos cometidos recientemente en el Valle del Polochic se cumplan las normas internacionales mencionadas arriba en materia de derechos de los pueblos indígenas; así como a la transformación de la tenencia y el uso de la tierra que facilite el acceso de campesinos y campesinas a la tierra y otros recursos productivos como se establece en los Acuerdos de Paz .

• Instando al Gobierno de Colombia cumplir con toda urgencia las recomendaciones de las diferentes instancias de la ONU frente a la crítica situación de los pueblos indígenas, y con las órdenes de la Corte Constitucional Colombiana, específicamente el Auto 004 (2009) y la Sentencia T-769 (2009).

Los diputados y diputadas abajo firmantes, consideramos que la Unión Europea debe pronunciarse sobre la gravedad de esta situación en Guatemala y Colombia. Le solicitamos a la Alta Comisionada que se reúna con la delegación de los pueblos indígenas de Guatemala y de Colombia durante su visita a Bruselas entre el 20 y el 24 de junio del año en curso, para discutir más la situación de los pueblos indígenas en estos dos países y para considerar otras acciones que se podría tomar al respecto desde las instancias de la Unión Europea.

Con nuestros mejores saludos.

1. Oriol Junqueras, Miembro de EUROLAT
2. Barbara Lochbihler, Subcomisión de Derechos Humanos
3. Bart Staes, Delegación para la Relaciones con los Países de la Comunidad Andina
4. Franziska Keller, Comisión de Desarrollo
5. Helmut Scholz, Comisión de Comercio Internacional
6. Paul Murphy, Comsión de Comercio Internacional
7. Nikolaos Chontis, Comisión Asuntos Económicos y Monetarios
8. Richard Howitt, Subcomisión de Derechos Humanos
9. Juergen Creuztmann, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
10. Raül Romeva i Rueda, Delegación de América Central
11. Keith Taylor, Comisión de Comercio Internacional
12. Maria Eleni Koppa, Comisión de Asuntos Exteriores
13. Heidi Hautala , Subcomisión de Derechos Humanos
14. Ana Gomes, Comisión de Asuntos Exteriores
15. Kriton Arsenis, Comisión de Medio Ambiente, Seguridad Pública y Alimentaria
16. Catherine Grèze, Comisión de Desarrollo
17. Jean Lambert, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
18. Jörg Leichtfried, Subcomisión de Derechos Humanos
19. Evelyn Regner, Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina
20. Eva-Britt Svensson, Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
21. Marita Ulvskog , Comisión de Industria, Investigación y Energía
22. Åsa Westlund, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
23. Göran Färm, Comisión de Presupuestos
24. Anna Hedh, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
25. Olle Ludvigsson, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
26. Ulrike Lunacek, Comisión de Asuntos Exteriores
27. Raimon Obiols, Comisión de Asuntos Exteriores
28. Frieda Brepoels, Comisión de Asuntos Exteriores
29. Martin Häusling, Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
30. Martin David, Presidente de la Delegación Cariforum-UE
31. Gabriele Zimmer, Comisión de Desarrollo
32. Eva Gro Joly, Presidente Comisión de Desarrollo
33. Marie-Christine Vergiat, Subcomisión Derechos Humanos
34. Nicole Kiil – Nielsen, Comisión de Asuntos Exteriores
35. Ivo Belet, Comisión de Industria, Investigación y Energía
36. Charles Goerens, Comisión de Desarrollo
37. Willy Meyer, Comisión de Asuntos Exteriores
38. Rui Tavares, Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
39. Franziska Brantner, Comisión de Asuntos Exteriores

Anexo: contexto y estudios de caso en Guatemala y Colombia

En el caso de Guatemala es de suma preocupación el “Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” que el Gobierno de Guatemala presentó el 28 de febrero. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrolló la regulación sin previa consulta a los pueblos indígenas sujeto de la misma regulación. En este documento se estableció el 6 de abril 2011 como la fecha tope para recibir observaciones y propuestas de las partes interesadas ; sin embargo, este proceso de consulta debió haberse iniciado previamente en la fase de formulación de la misma de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El Consejo de los Pueblos de Occidente de Guatemala ha presentado un recurso de amparo solicitando que se declare vulnerado su derecho fundamental a la consulta e ilegal el procedimiento promovido por el Presidente de la Republica . Asimismo en opinión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los libertades fundamentales y derechos de los pueblos indígenas el texto presentaba serias limitaciones y vacíos en relación con los contenidos esenciales del deber estatal de consultar a los pueblos indígenas, tal y como lo definen el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales que vinculan a Guatemala”.

En la actualidad se han celebrado en Guatemala 50 consultas comunitarias de buena fe en las que 750.000 personas se han mostrado en contra de la minería . Estas consultas no han sido reconocidas como vinculantes por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y asì empresas transnacionales y nacionales se han instalado e iniciado sus operaciones en estos territorios lo que ha resultado en situaciones graves de violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Algunos ejemplos paradigmáticos de estos casos son los siguientes:
Las comunidades Maya Mam frente a la empresa canadiense Goldcorp financiada en parte con fondos de pensiones europeos; las comunidades Kaqchikel de San Juan Sacatepequez frente a la empresa guatemalteca Cementos Progreso, en la que participa la empresa suiza Holcim; los desalojos forzosos de las comunidades Maya Q’eqchi’ para el cultivo de palma africana destinada a la producción de agrocombustibles ; el caso de la prórroga del contrato 2-85 concedida a la empresa francesa Perenco sin consultar ni informar previamente a las comunidades afectadas sobre las implicaciones, impactos y beneficios de dicha renovación ; el caso de las comunidades Maya Anjob´ales y Chuj en el municipio de Santa Cruz de Barillas, Huehuetenango donde el Estado Guatemalteco ha aprobado proyectos hidroeléctricos a la empresa ENEL Guatemala S.A., subsidiaria de la empresa italiana Grupo ENEL, sin haber consultado e informado previamente a las comunidades afectadas. Uno de estos proyectos también cuenta con la participación de una empresa de capital de origen español, Hidralia Energía

En el primer caso la Comisión Interamericana de derechos Humanos ha concedido, el 20 de mayo 2010, unas Medidas Cautelares a favor de las comunidades Maya Man solicitando la suspensión de las actividades de la empresa en esa región. Sin embargo, hasta el día de hoy la empresa continúa operando. Este ejemplo refleja la falta de voluntad política del Estado de Guatemala para acatar las recomendaciones emanadas de instancias internacionales ante el contexto de violaciones de los derechos humanos que sufren diariamente líderes y lideresas de estas comunidades, así como por el proceso de criminalización de la lucha de los pueblos indígenas en el país .

En el caso de Colombia, a pesar de que Colombia ha ratificado Convenio 169 de la OIT (bajo Ley 21, 1991), la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas y la Corte Constitucional Colombiana han expresado serias preocupaciones frente a la violación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de Colombia . Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la falta de cumplimiento de este derecho es un factor contribuyente al riesgo de extinción de más de la mitad de los pueblos indígenas del país. La Corte Constitucional ordenó al Estado crear 34 planes de salvaguarda y un programa nacional de garantías en el Auto 004 del 2009, cuyo cumplimiento ha excedido los términos establecidos por el alto tribunal, sin que aún se hayan implementado en su totalidad dichas órdenes.

En un caso emblemático, la Corte Constitucional Colombiana ordenó la suspensión de la fase exploratoria del proyecto minero Mandé Norte (Sentencia T-769, 2009), hasta que hubiera sido llevado a cabo un proceso adecuado de consulta previa que conlleva al consentimiento previo, libre e informado del Pueblo Embera afectado. Sin embargo, se ha notado una falta de voluntad política del gobierno de cumplir la sentencia T-769, al contrario el Ministerio del Interior y Justicia ha solicitado a la Corte anularla. Las comunidades también han denunciado que las personas que se oponían al proyecto minero en la zona fueron señaladas de pertenecer a la guerrilla, así estigmatizándolos y poniendo sus vidas en riesgo. La empresa anglo-australiana Rio Tinto seguirá con una 70% opción en el fase de explotación del proyecto siendo uno de los mayores inversionistas en esta primer etapa, preocupante dado la falta de claridad en si las órdenes de la Corte en materia de derechos humanos serán cumplidas.

El Relator Especial Anaya ha solicitado al Estado Colombiano “armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los denominados “mega proyectos” relativos a la extracción de recursos, infraestructuras agroindustriales y turísticas, con los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales de conformidad con las disposiciones del Convenio Nº 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.” Sin embargo, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010-2014, y el Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia, impulsan el desarrollo de la industria extractiva y la agro-industria. Respecto al primero se realizo un proceso de consulta excepcional únicamente sobre el capítulo de pueblos indígenas; sin embargo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley que lo regula no fueron consultadas, al igual que el acuerdo comercial entre la UE y Colombia. Consideramos que la Unión Europea tiene la responsabilidad urgente de actuar, tomando en cuenta que el Relator Especial ha solicitado al Estado Colombiano invitar al país el Asesor Especial del Secretario General de la ONU para la prevención del Genocidio .

Es alentador que los Country Strategy Paper 2007-2013 y las revisiones de medio término para Guatemala y Colombia reconocen a los pueblos indígenas como un grupo especialmente vulnerable por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron y sufren en el marco del conflicto armado que todavía existente en el caso de Colombia, por los altos niveles de pobreza y exclusión, y por la falta de consulta previa por parte del gobierno frente a varias leyes. Sin embargo, observamos con gran preocupación que los Papers y sus revisiones hacen caso omiso a la violación sistemática del derecho a la consulta previa en casos de proyectos económicos en territorios indígenas como un factor subyacente de esta vulnerabilidad.