Domingo 21 de noviembre de 2010 / Opinión

El mercado capitalista condena a los indígenas

Pausada, mide sus palabras con precisión quirúrgica.
La codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez Fuenzalida, es abogada con una maestría en derechos humanos en Estados Unidos y una década dedicada al estudio de los temas indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Sentada en un banco de la sala en que impartirá la clase de antropología jurídica en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, entrega una visión de largo plazo sobre el conflicto que tensiona a los pueblos originarios con el Estado, grandes empresarios y terratenientes.

El mercado condena a los indígenas

Por RUBEN ANDINO

Fuente: Revista Punto Final

La sociedad chilena tiene una relación ambigua con los pueblos originarios. Por un lado los enaltece y por otro, los niega. ¿Cuál es su visión?

“Los pueblos indígenas son considerados en la epopeya del mito fundacional del imaginario nacional mestizo-criollo; pero esa misma construcción niega lo indígena y, finalmente, a lo largo de la historia de Chile, su presencia se diluye para asegurar una homogeneidad cultural en que se sustenta la gobernabilidad del Estado-Nación. A los indígenas, que son entre el 8 y 10 por ciento de la población, el Estado no los considera sujetos de derechos políticos, culturales y territoriales, porque el proyecto nacional está hoy asociado a un modelo económico neoliberal que, en el contexto de la globalización, busca poner los recursos naturales de todos los chilenos al servicio de la inversión extranjera como base del crecimiento económico”.

En Chile se reconocen en el papel los derechos indígenas, pero ¿cuán efectivas han sido las políticas de Estado?

“En teoría se reconocen, pero se niegan en la práctica. Siempre prima una actitud de negación de derechos. Algo emblemático de esta realidad es que desde 1990 sigue pendiente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

A partir de la aprobación de la Ley Indígena, en 1993, hubo un avance; aunque esa normativa no innovó en el reconocimientos de los derechos políticos de esos pueblos. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato confirmó la legitimidad de los derechos territoriales de los indígenas y aclaró que las tierras que están en poder de terceros deben ser expropiadas y a ese tercero debe pagarse una justa compensación. También señaló que se debe otorgar preeminencia a los pueblos indígenas por su preexistencia en el territorio y porque su cultura está indisolublemente asociada a la relación con esas tierras. Si embargo, se instauró un mecanismo que se ha demostrado ineficaz, puesto que entrega la compra de tierras al mercado. La creciente demanda genera un impacto especulativo que ha hecho inviable la restitución. Hoy se pagan precios que exceden 7 u 8 veces su valor de mercado.

Paralelamente, las tierras que ya están en poder de los pueblos originarios son amenazadas por proyectos extractivos de recursos naturales y los distintos gobiernos han optado por defender los intereses del propietario latifundista o de las empresas que tienen derechos constituidos por la vía de concesiones mineras, eléctricas, forestales o acuícolas en perjuicio de los intereses indígenas. En la práctica la Ley Indígena queda situada por debajo de estas normas sectoriales, pretextando el supuesto bien público que genera el crecimiento económico.

De la misma manera como se debe acoger la demanda mapuche en La Araucanía, deben resolverse las de otros pueblos originarios que habitan tierras fiscales. El Estado ha postergado la restitución de esas tierras para mantener el control sobre concesiones mineras o derechos reales de aprovechamiento de aguas, como sucede en el territorio aymara. En zonas mineras, forestales y acuícolas se condena a los pueblos indígenas a vivir en la extrema pobreza y cuando éstos usan vías de hecho para presionar a las autoridades en función de sus demandas, el Estado no duda en aplicar el mayor poder punitivo. Aylwin y Frei aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado; Lagos y Bachelet la Ley Antiterrorista”.

Acorralados por la sed

¿Peligra la subsistencia de los pueblos indígenas?

“Sí. Los grandes proyectos extractivos de recursos naturales tienen sobre las comunidades originarias efectos homologables al impacto de la Conquista. Estamos hablando de explotaciones cuya dimensión hace inviables prácticas económicas como las que realizan estos pueblos. El modelo minero está generando tal presión sobre los recursos hídricos que al año 2025 no habrá agua para seguir generando minería y ello significa que no existiría forma alguna de vida posible asociada a esos territorios. Lo más probable es que se extingan todos los oasis y consecuencialmente los ayllus a través de los cuales se organiza el pueblo aymara. En el territorio mapuche es creciente el estrés hídrico generado por el uso de monocultivos de pino y eucaliptus, con efectos devastadores sobre la biodiversidad.

La amenaza sobre el ecosistema se extiende también sobre la cultura de pueblos que están asociados a otros espacios naturales. El caso rapanui no es excepción. La expansión del turismo también puede destruir la integridad de esa cultura. El propio pueblo rapanui ha alertado al pedir que se controle el flujo de turistas a la isla. Si bien el Estado reaccionó positivamente permitiendo aprobar un reglamento que controlaría el flujo turístico, un particular de Valparaíso interpuso un recurso de protección argumentando que ese reglamento vulneraba su derecho al libre tránsito en el territorio nacional. La Corte de Valparaíso acogió el recurso y declaró inconstitucional el reglamento, dejando en la indefensión a los habitantes de la isla. Los rapanui quieren seguir desarrollando turismo, pero controlado y sostenible, manteniendo su defensa de la cultura y ecosistema”.

Deuda histórica

¿Qué es la deuda histórica?

“Alude a la pérdida de territorio sin compensación y a los crímenes cometidos contra los pueblos originarios. Los mapuches habían pactado un estatuto de autonomía y generado relaciones de convivencia relativamente pacíficas con los conquistadores. Pero la ocupación militar de su territorio en tiempos de la República colocó la intervención del Estado en el contexto de los crímenes de lesa humanidad, porque se apostó al exterminio. La llamada ‘pacificación de La Araucanía’ (1882) fue una ocupación sangrienta que tuvo como víctimas a chilenos de origen mapuche. Lo mismo ocurrió luego con los kawashkar y selknam, sometidos a la cacería de empresas concesionarias del Estado de Chile en Magallanes. En Rapa Nui ocurrió algo parecido y el pueblo aymara también sufrió una ocupación militar de su territorio, que derivó en un proceso de ‘chilenización’ de sus comunidades.

La deuda histórica chilena con los pueblos indígenas es muy reciente y se refiere a hechos ocurridos en el período de la República, como la matanza de la escuela Santa María de Iquique o la represión de la dictadura de Pinochet. Es la agresión de unos chilenos contra otros y tenemos que asumir la responsabilidad correspondiente, si queremos que esos otros también se sientan chilenos”.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el silenciamiento de esta deuda histórica?

“Básicamente estigmatizan las demandas indígenas, como quedó de manifiesto con la reciente huelga de hambre. Los medios de comunicación no se han dado el trabajo de informar sobre estos temas, salvo cuando se presentan situaciones de conflicto. Cuando cumplieron 70 días en ayuno, recién comenzaron a preocuparse. Con excepción de algunas radios y un par de periódicos, como Punto Final y El Ciudadano, los medios se han prestado para demostrar que el movimiento mapuche es violentista y que está asociado a grupos subversivos nacionales o internacionales”.

Conflicto de interés de Piñera

¿Cuántas hectáreas demandan los pueblos originarios?

“En el caso aymara están comprometidas un millón 200 mil hectáreas en la zona de Arica y Parinacota, sobre las que existen títulos inscritos a nombre de las comunidades. El pueblo atacameño demarcó tres millones de hectáreas en un trabajo conjunto realizado con la Conadi, que le pidió restringir la demanda a unas 900 mil hectáreas. Están demarcadas las tierras coya de 400 mil hectáreas; el pueblo diaguita tiene dominio sobre 300 mil hectáreas que hoy están en peligro con la ejecución de proyectos mineros. El pueblo rapanui posee 16 mil 600 hectáreas, de la cuales hay aproximadamente cuatro mil en poder de indígenas, las restantes las posee el Estado. Las tierras usurpadas a los mapuches y reivindicadas durante el período de la reforma agraria eran aproximadamente 160 mil hectáreas que corresponden a conflictos con predios limítrofes. También hay comunidades que han demandado tierras más allá de esta superposición de títulos, sobre la base del derecho consuetudinario. Las comunidades huilliches tienen disputas con latifundistas en la zona de San Juan de la Costa, Osorno y Chiloé. Una de estas contiendas es con el presidente de la República, en el predio Tantauco”.

¿Hay conflicto de interés del presidente Piñera en este caso?

“El conflicto de interés se va a producir porque el demandado es el Estado, y el particular que ejerce el derecho que el Estado no ha cautelado respecto de estos pueblos indígenas, es el presidente de la República. Es un caso complejo y de antigua data. Cuando el señor Piñera compró esas tierras, era de conocimiento público la existencia de conflictos territoriales con comunidades indígenas que demandaban derechos sobre éstas, argumentando títulos coloniales”.

La autonomía es un tema que ronda las demandas indígenas.

“En el caso de los rapanui la autonomía incluso se puede ligar con el proceso de descolonización. ONU estableció un marco jurídico para la descolonización de aquellos pueblos que dependían de una potencia extranjera situada fuera de sus aguas territoriales. Esto ocurrió en un período en que los rapanui estaban sometidos a un régimen de esclavitud, porque no tenían carta de ciudadanía. La isla era explotada como una estancia lanar por la empresa Williamson Balfour y a partir de 1953, por la Armada de Chile. Los rapanui proveían entonces servicios gratuitos a la Armada, a través de los llamados ‘lunes fiscales’. Ellos han demandado autonomía interna, que les daría control político y económico sobre las decisiones que se tomen en su territorio. Por este motivo el Congreso discute un Estatuto de Autonomía, que tiene muchos reparos porque no les reconoce facultades deliberativas.

Los pueblos indígenas que han quedado dentro de las fronteras de Estados republicanos constituidos en el marco de un proceso de independencia de poderes coloniales, como los mapuches en Chile, aspiran a un estatus denominado de derechos indígenas y a un estatuto específico de autonomía en su dimensión interna. Tienen derecho al control de los recursos naturales necesarios para asegurar su subsistencia y con base en ello, pueden definir sus prioridades en materia de desarrollo. Este derecho lo ejercen sobre las tierras que están bajo su control, y además por la vía de participar en las decisiones políticas que los afectan. Eso se cautela con una representación supernumeraria en el Congreso Nacional y con el derecho a participar en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas que les competen”.